No se espera que el Senado de Puerto Rico atienda hoy en sesión el nombramiento de David Figueroa Betancourt como Defensor de las Personas con Impedimentos, por lo que su confirmación o rechazo permanecerá en suspenso.

El trámite legislativo se mantiene trabado en medio de una creciente controversia pública: Figueroa Betancourt se negó recientemente a precisar cuánto dinero le paga a su hija por asistirlo de manera personal, tras la decisión de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que le prohibió nombrarla como empleada de confianza por incurrir en nepotismo y no cumplir con los requisitos mínimos del cargo.

“Lo que le pago a ella es privado, es de mis recursos”, sostuvo el nominado al responder preguntas de NotiCel, pese a reconocer que recibe un sueldo de $90,000 anuales como procurador y que cuenta además con una pensión.

Mientras tanto, en el Senado persisten las reservas de legisladores de mayoría y minoría, quienes cuestionan tanto los vínculos del nominado con demandas bajo la Ley ADA como los posibles conflictos de interés en contratos recientes. El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, ha adelantado que evaluará toda la prueba documental antes de convocar a una nueva vista o someter el nombramiento a votación.

En contraste, la gobernadora Jenniffer González Colón ha reiterado su respaldo incondicional al nominado.

“El nombramiento se mantiene. (…) Yo no voy a buscar ningún otro candidato. Él es el nominado”, expresó en conferencia de prensa, subrayando que espera que el Senado vote y que el país conozca quién apoya y quién se opone.

Así las cosas, el futuro de Figueroa Betancourt al frente de la Procuraduría de Personas con Impedimentos seguirá bajo la lupa, entre el apoyo político de la Fortaleza y las dudas éticas y de transparencia que han marcado su proceso de evaluación.

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