El valor aproximado del cargamento asciende a $11.5 millones.

Agentes del Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) intervinieron con una embarcación que transportaba un cargamento millonario de cocaína, a unas dos millas náuticas del Río Grande de Loíza.

Como resultado de la intervención, tres personas fueron arrestadas y se ocuparon más de 800 kilogramos de droga.

Según se informó, personal de la Unidad Marítima de Piñones, en conjunto con la Unidad Marítima de Ceiba, realizaban un patrullaje preventivo a bordo de una embarcación oficial cuando detectaron una embarcación sospechosa. Esta fue descrita como de fabricación casera (tipo yola), de aproximadamente 26 pies de eslora, color gris y azul, propulsada por dos motores fuera de borda.

La embarcación navegaba sin luces de navegación encendidas y sin identificación visible, en violación a las disposiciones de la Ley 430, conocida como la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico. Ante esta situación, los agentes procedieron a intervenir. Al activar la luz de búsqueda e identificarse mediante comandos de voz como agentes de la Policía de Puerto Rico, los tres individuos a bordo emprendieron la huida.

Se inició entonces un seguimiento durante el cual los agentes continuaron impartiendo instrucciones, logrando finalmente interceptar y detener la embarcación, frustrando así la evasión de los sospechosos.

Los tres individuos fueron arrestados y transportados a bordo de la embarcación oficial Cobra 15 hasta la Unidad Marítima de Piñones. Simultáneamente, la embarcación ocupada fue remolcada hasta el mismo lugar.

En las instalaciones de la Unidad se encontraba personal de la agencia federal Border Patrol junto a la Unidad Canina (K-9). Durante una inspección exterior, el perro realizó un marcaje positivo a la presencia de sustancias controladas.

Como resultado de la intervención, se ocuparon aproximadamente 24 fardos de cocaína, con un peso total estimado de 823 kilogramos.

El valor aproximado del cargamento asciende a $11.5 millones.

El caso y la evidencia fueron asumidos por las autoridades federales, quienes continuarán con el proceso de inventario y la eventual radicación de cargos correspondientes.