El hombre se había presentado voluntariamente ante las autoridades, había solicitado protecciones humanitarias y mantenía un trámite migratorio pendiente.

 La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó una petición de habeas corpus de emergencia y una moción urgente para paralizar el traslado de Martín Medina de la Cruz, un inmigrante dominicano que fue detenido por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el 18 de enero en Puerto Nuevo, San Juan.  

La organización sostuvo que la detención de Medina de la Cruz es ilegal, arbitraria y carente de una base legal válida, y que el gobierno federal pretende transferirlo fuera de la jurisdicción del Tribunal Federal en Puerto Rico de forma inminente, lo que agravaría el daño a su debido proceso y su acceso a representación legal. 

El recurso judicial presentado la noche del martes precisa que Medina de la Cruz no es un riesgo de fuga ni representa peligro para la comunidad. Medina de la Cruz se había presentado voluntariamente ante las autoridades migratorias, había solicitado protecciones humanitarias que la propia ley migratoria ofrece y mantenía un trámite migratorio pendiente. Además, Medina de la Cruz –quien ha estado presente en territorio estadounidense desde hace más de cinco años- cuenta con autorización de empleo.  

“La detención no solo es injustificada, sino que es contraria al debido proceso y busca castigar a una persona que acudió a las autoridades de inmigración conforme a derecho”, expresó Fermín L. Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico y uno de los abogados en el caso. 

La ACLU de Puerto Rico señaló que detenerlo no responde a un interés gubernamental legítimo y constituye un uso abusivo del poder de detención civil. La petición establece que la intervención ocurrió cuando agentes federales seleccionaron a Medina de la Cruz y a otras dos personas de nacionalidad dominicana en el supermercado Placita Caribe, en un sector de alta concentración de población dominicana. La ACLU de Puerto Rico sostuvo que la intervención fue motivada por perfilamiento racial, una conducta prohibida por la Constitución de Estados Unidos.  

“Nos alarma que el gobierno insista en encerrar a personas que cualifican para procesos de protección humanitaria, en lugar de garantizarles una evaluación justa y el acceso real a sus derechos”, expresó la abogada de inmigración Julie Cruz Santana, quien es demandante en el caso en representación de Medina de la Cruz. 

Luego de ser detenido, Medina de la Cruz fue transferido a una estación de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés) en la Base Ramey en Aguadilla, y luego a instalaciones federales en Puerto Rico, donde permanece detenido bajo custodia del gobierno federal.  

Con esta acción legal, la ACLU de Puerto Rico junto a Cruz Santana solicita al tribunal que asuma jurisdicción de forma inmediata; que emita una orden para impedir el traslado del peticionario fuera del Distrito de Puerto Rico mientras se atiende el caso; y que determine que la detención es ilegal, ordenando su liberación inmediata o, en la alternativa, condiciones razonables de liberación, incluyendo una evaluación de fianza conforme al debido proceso. 

La organización enfatizó que este caso no es de detención obligatoria bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Además, planteó que el gobierno cuenta con alternativas menos restrictivas a la detención, incluyendo mecanismos de supervisión que ICE utiliza.  

La ACLU de Puerto Rico advirtió que un traslado al territorio continental de Estados Unidos aumentaría de forma drástica las barreras para que Medina de la Cruz pueda ejercer derechos básicos, incluyendo dificultades para la comunicación constante con su representación legal y la recopilación de evidencia y presentación de testigos. El recurso también describe obstáculos institucionales adicionales que impiden consultas legales adecuadas y confidenciales para personas detenidas, afectando directamente su derecho constitucional a contar con asesoría legal y preparar su defensa. 

Según la ACLU, esta práctica de detener arbitrariamente a personas inmigrantes que no están sujetas a “detención obligatoria” bajo la ley federal de inmigración -y negarles la oportunidad de solicitar fianza- contraviene el mandato de la acción de clase en el caso Maldonado Bautista. En esa sentencia, el tribunal estableció que este grupo está protegido y debe tener acceso a un proceso de fianza mientras se atiende su caso migratorio. La ACLU de Puerto Rico advirtió, además, que la negativa del gobierno a cumplir con esa determinación responde a instrucciones directas de la jueza presidenta del Board of Immigration Appeals (BIA), Teresa L. Riley, un asunto que el Tribunal Federal de Distrito ya atiende y para el cual ha señalado una vista urgente. 

“Puerto Rico no puede convertirse en un punto de intervención y traslado acelerado para desarticular defensas legales y separar a las personas de su comunidad”, señaló, por su parte, Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. 

La petición además expone que el sistema de detención migratoria en Estados Unidos enfrenta serios señalamientos documentados sobre condiciones peligrosas e inhumanas en múltiples de detención y jurisdicciones, incluyendo sobrecapacidad, restricciones de higiene, deficiencias de salud y alimentación, y otras condiciones injustificables.