Enfrenta un traslado a otra jurisdicción en cuestión de horas o días, lo que agravaría el daño a su unidad familiar, su acceso a representación legal y su debido proceso. 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico presentó este martes una petición de habeas corpus de emergencia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en representación de Albeto Pierre, un inmigrante haitiano detenido por agentes federales la víspera de Navidad en Barrio Obrero en Santurce, mientras acompañaba a su pareja a una cita prenatal.  

La acción legal impugna la detención, según la ACLU, arbitraria y carente de base legal, y solicita al tribunal su liberación inmediata, así como una orden para impedir su traslado inminente fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

“Detener a Albeto Pierre en la víspera de Navidad, mientras acompañaba a su pareja embarazada a una cita médica, es un acto cruel e injustificado que violenta el debido proceso y el derecho a la integridad familiar”, expresó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico. “Le pedimos al tribunal que intervenga de inmediato para frenar su traslado y ordenar su liberación, porque cada hora cuenta cuando el gobierno insiste en separar familias sin base legal”, subrayó. 

Pierre -quien vive en Puerto Rico desde 2022- es padre de un niño ciudadano estadounidense de un año y pareja consensual de una mujer dominicana, quien es residente permanente legal y está embarazada de su segundo hijo. A pesar de que no representa un riesgo de fuga ni peligro para la comunidad, y de que no tiene récord criminal, Pierre fue arrestado el 24 de diciembre cerca de la clínica Health Pro-Med, en la Avenida Borinquen.  

“Pierre no es un número ni un expediente, es un padre, un trabajador y un miembro de la comunidad cuya familia depende de él, especialmente en un embarazo de alto riesgo, como el de su pareja. Las políticas de detención y traslado acelerado castigan a las familias y debilitan garantías constitucionales básicas que aplican a todas las personas”, sostuvo Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico. 

La organización advirtió que Pierre enfrenta un traslado a otra jurisdicción en cuestión de horas o días, lo que agravaría el daño a su unidad familiar, su acceso a representación legal y su debido proceso. La ley federal establece supuestos específicos para la detención obligatoria, ninguno de los cuales aplica a Pierre. Además, Pierre había solicitado un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) y autorización de empleo, y que existen alternativas menos restrictivas que la detención.  

Al ser transferidas, las personas detenidas enfrentan perjuicios difíciles de revertir, incluyendo cambios en el marco legal aplicable, mayores dificultades para reunir evidencia como declaraciones de personas de la comunidad, barreras para comunicarse con su representación legal y obstáculos para mantener contacto con familiares. Las personas inmigrantes detenidas en Puerto Rico son prácticamente desaparecidas y no existe certeza sobre el centro de detención y jurisdicción en la que estará la persona.  

Además, la ACLU ha denunciado las condiciones de detención infrahumanas en distintos centros, incluyendo deficiencias sanitarias y carencias de servicios esenciales, situaciones que amenazan la integridad física y salud de las personas inmigrantes detenidas. La ACLU de Puerto Rico reiteró que el acceso al debido proceso y a la representación legal no puede depender del lugar de detención ni de decisiones administrativas que desaparecen a las personas de su comunidad y de sus redes de apoyo.