El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, y el presidente de la Unión Independiente Autentica (UIA), Pedro Irene Maymi, confirmaron el miercoles que ambos organismos sindicales han convocado a sus respectivas matrículas a un paro de 24 horas para asegurar la comparecencia a una Asamblea General que tienen por separado el próximo martes, 17 de junio, en la que se consultará un voto de huelga.

En entrevista con NotiCel, Figueroa Jaramillo explicó que el paro de 24 horas, que en el caso de la UTIER comenzaría en la noche del 16 de junio, permitirá que los unionados que tienen el tercer turno de trabajo en la AEE puedan participar de la Asamblea General que se efectuará el 17 de junio en el Coliseo Roberto Clemente, sin que tengan que pernoctar en las instalaciones de la corporación pública.

En la Asamblea, presentarán un informe detallado sobre la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno, y sus implicaciones en los convenios colectivos y beneficios adquiridos, además de las medidas de acción a tomar para hacerle frente al plan de la administración García Padilla.

Figueroa Jaramillo distanció esta convocatoria del anunciado paro que hicieran hacen dos semanas los grupos sindicales, y no precisó si este último ocurriría en algún momento de esta semana.

Según el líder sindical la fecha del paro en la que participará la UTIER en conjunto con otros grupos sindicales, ‘son determinaciones que se van hacer en cada momento, en cada instante, de día a día, de hora a hora, de minuto a minuto’.

De acuerdo a Figueroa Jaramillo, cada grupo sindical hará sus propias actividades, que algunas están ya programada como lo es la Asamblea General que efectuaría la UIA el próximo 17 de junio en el Coliseo Cosme Beitia Salamo en Cataño, cosa que el propio Irene Maymi confirmó a este diario digital.

Debido a esta Asamblea, la UIA también está convocado a su matrícula a un paro de 24 horas que comenzaría desde el mismo 17 de junio a las 6:00 a.m. y se extendería hasta las 6:00 a.m. del miércoles 18 de junio.

Irene Maymi detalló que en la Asamblea le estarían solicitando a la matricula ‘un voto de huelga con miras a un paro general indefinido’.

De igual forma, en la Asamblea de la UIA se presentarían las posiciones sobre la Ley de Sustentabilidad Fiscal del Gobierno. Además del rechazo a que la Comisión Apelativa del Servicio Público y la Junta de Relaciones del Trabajo sea fusionada con la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH).

Se supo también que la Unión del Fondo del Seguro del Estado efectuaría una asamblea este próximo domingo para solicitarle a su matrícula un voto de huelga.

En otros aspectos, Irene Maymi aseveró que esto no significa que los grupos sindicales hayan pospuesto el paro general que anunciaron hacen dos semanas, pues reiteró que en aquel momento nunca establecieron ninguna fecha en específico.

Pero a pesar de que cualquier convocatoria a huelga no ocurría hasta mediados de mes, Irene Maymi enfatizó que esto no quita que en los próximos días los grupos sindicales estén efectuando acciones en conjunto, como manifestaciones masivas, o paros, de 24 o 48 horas.

De otro lado, se le preguntó a Figueroa Jaramillo sobre si un voto de huelga podría volcar a la ciudadanía en contra de los sindicatos, a lo que puntualizó que ‘esa posibilidad puede caer a raíz de toda la campaña de demonizar a los propios trabajadores’. Este no titubeo en achacarle a la administración y a otros sectores del país esta presunta campaña de desprestigio que ha sembrado incertidumbre en la ciudadanía sobre el planteado paro general.

‘En ese sentido, la lucha nuestra no es contra el pueblo. La lucha es contra el Gobierno. Reconocemos que esa percepción (adversa por parte de la ciudadanía) se puede crear. Eso es parte del proceso educativo que tenemos que llevar, como se han dado los grandes cambios sociales del mundo’, apuntó.

De hecho, Figueroa Jaramillo, descartó que la UTIER vaya actuar de forma intencional para afectar los servicios básicos a la ciudadanía. Y ripostó que el rechazo a las medidas gubernamentales es porque se pretende que los trabajadores aporten más a solucionar las crisis cuando son los que más han sufrido el embate por el alto el costo de vida y el incremento en la carga contributiva.

En esa línea, argumentó que para la AEE los ajustes a los beneficios de los trabajadores solo representaría un ahorro de $35 millones para la corporación pública, mientras se afecta la economía y aumentaría la emigración. ‘Vale la pena un conflicto laboral por $35 millones?’, cuestionó.