Las nuevas leyes son para ampliar acceso a servicios y apoyar a víctimas de violencia doméstica.

La gobernadora, Jenniffer González Colón, firmó hoy dos nuevas leyes dirigidas a fortalecer el acceso a servicios gubernamentales para la comunidad sorda y a ampliar las opciones educativas para víctimas de violencia doméstica y sus familias.

Las medidas son correspondientes al Proyecto del Senado 802 que se convirtió en la Ley 48 y el Proyecto del Senado 135 en la Ley 47.

En el caso de la ley 48, enmienda la Ley 22-2021 para ordenar la creación y publicación de un Catálogo de Servicios Gubernamentales para la Comunidad Sorda, el cual recopilará toda la oferta de servicios disponibles en las agencias del gobierno de Puerto Rico.

Esta medida, autoría de la senadora Nitza Morán y de coautoría de los senadores Rafael Santos, Jeison Rosa, Jaimie Barlucea, Héctor J. Sánchez, Brenda Pérez, Wilmer Reyes y Luis D. Colón propone que el catálogo deberá estar disponible en formatos accesibles, incluyendo lenguaje de señas, subtítulos y herramientas visuales, y será actualizado periódicamente.

Además, las agencias tendrán la obligación de proveer información actualizada sobre sus servicios, mientras que su desarrollo y difusión se coordinará con el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), conforme a estándares de accesibilidad como el Americans with Disabilities Act (ADA).

Por otro lado, mediante el P. del S. 135 de autoría del senador Gregorio Matías y coautoría de la senadora Joanne Rodríguez, Jeison Rosa, Ada Álvarez Conde y Rafael Santos, se enmienda la Ley de Reforma Educativa para añadir una nueva modalidad al Programa de Libre Selección de Escuelas, que permitirá a víctimas de violencia doméstica matricular o transferir a sus hijos a escuelas más cercanas o de su preferencia.

La medida también otorga prioridad a estos estudiantes en la concesión de certificados del programa y flexibiliza los criterios académicos, tomando en consideración sus circunstancias particulares y recomendaciones de profesionales. Asimismo, se garantiza la confidencialidad de la información de las víctimas.

“La firma de estas leyes responde a nuestro deber de construir un gobierno más accesible, justo y sensible. Estamos atendiendo de manera concreta las necesidades de comunidades que históricamente han enfrentado barreras para acceder a servicios y oportunidades”, expresó la gobernadora.

Por otra parte, González Colón vetó el PS 708, que proponía crear la “Ley de Horas Contacto para Padres, Tutores y Encargados en las Escuelas de Puerto Rico”, para imponer un mínimo obligatorio de interacción formal entre padres y comunidad escolar, particularmente en casos de bajo aprovechamiento académico.

La medida fue vetada porque contenía un lenguaje ambiguo y podría provocar referidos o medidas que afecten injustamente a familias en condición de vulnerabilidad. Además, ya existen mecanismos vigentes para promover la participación de los padres en el proceso educativo.

Asimismo, la primera ejecutiva vetó la RCS 93 por ser innecesaria, ya que la ACT y el DTOP cuentan con proyectos en curso y planes establecidos para atender la PR-155 bajo la Orden Ejecutiva vigente.