La controversia se relaciona con investigaciones relacionadas a la Comisión Estatal de Elecciones.

El secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Jean Peña Payano, rechazó hacer declaraciones sobre los señalamientos públicos hechos por la representación legal de la expresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla Rivera.

Se trata de una disputa que comenzó tras una reunión el 26 de marzo de 2025, cuando la entonces presidenta alterna anunció el pago de una bonificación única a empleados exentos, según publicado por El Vocero.

El comisionado electoral del PNP, Anibal Vega Borges y su adjunto solicitaron luego, por correo electrónico, que se incluyera también a la actual secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña (que también es investigada por otro asunto) y a otros excomisionados en la bonificación, al percatarse de que no estaban en la lista inicial de beneficiarios.

Padilla Rivera se enfrenta a varias investigaciones por presuntas represalias políticas y uso indebido de fondos públicos, mientras tanto, el Gobierno y partes implicadas guardan silencio hasta que se resuelva el caso judicialmente.

“Es un asunto que ellos están alegando y creo que en el foro pertinente las personas involucradas deben contestar esas alegaciones de ser ciertas. Repito, no vamos a adaptar conclusiones”, respondió Peña Payano ante la prensa.

El funcionario insistió en que se trata de un asunto judicial que debe dirimirse en los tribunales, añadiendo que la gobernadora ha dado instrucciones para que se atienda el informe relacionado con la investigación. “Esos son asuntos de los tribunales. Tienen que cada cual plantear sus argumentos”, reiteró Peña Payano.

Asimismo, argumentó que sería inapropiado ofrecer una opinión sobre un caso en curso que, más allá de tener implicaciones judiciales, podría derivar en nuevas demandas u otros procedimientos legales.

Cuestionado sobre los señalamientos a funcionarios electos del PNP, Peña Payano mantuvo su postura de no opinar y recalcó que sería “imprudente” que el Gobierno de Puerto Rico emitiese argumentos públicos sobre un proceso que aún puede ser discutido en los tribunales. 

“Hay que ser bien respetuosos y decorosos de eso. En su momento se contestarán las partes que estén involucradas”, enfatizó.