La gobernadora aprovechó para criticar los estimados fiscales de la Junta de Supervisión Fiscal, al señalar que en los pasados cinco años el organismo ha subestimado los recaudos del gobierno.

La gobernadora Jenniffer González Colón defendió ayer la reforma contributiva cuyo costo ha sido estimado en unos $550 millones, al asegurar que la medida no compromete fondos para Medicare, pensiones ni otros servicios esenciales, y reiteró que su prioridad es devolver dinero a los contribuyentes para mitigar el alto costo de vida.

Al ser cuestionada por la prensa sobre si, a pesar del costo de la reforma, existirían recursos suficientes para cubrir obligaciones como el pago de Medicare, las pensiones y la reducción en la factura de la luz, la mandataria respondió que se trata de partidas presupuestarias distintas.

“Son tres partidas distintas. El pago se hace del fondo general. En el caso de la cuota al Medicare, están presupuestadas”, afirmó.

González Colón explicó que el actual presupuesto no se ve afectado por la negociación federal de Medicare, ya que Puerto Rico tiene asegurados esos fondos hasta 2027. Ante preguntas sobre el escenario a largo plazo, sostuvo que su administración ya trabaja con un comité conjunto con el Congreso federal para renegociar el programa.

“Vamos a identificar los recursos, pero yo creo que los vamos a conseguir a nivel federal”, indicó.

La gobernadora también aprovechó para criticar los estimados fiscales de la Junta de Supervisión Fiscal, al señalar que en los pasados cinco años el organismo ha subestimado los recaudos del gobierno.

“Si pronostican que se van a recaudar $500 millones y se recaudan $1,000 millones, hay $500 millones que se quedan congelados y no se pueden usar”, explicó.

Según dijo, su enfoque es redirigir esos fondos a la ciudadanía. “En lugar de guardárselos ahí para que el gobierno los gaste, se los devolvamos a la gente, porque al final del camino el gobierno opera con el dinero que la gente paga”, sostuvo.

Ante el planteamiento de si el gobierno contemplaría, por prudencia fiscal, posponer la reforma para el próximo año fiscal —como ha preferido la Junta en ocasiones anteriores—, González Colón fue tajante.

“No. Yo estoy en contra de eso”, respondió, al explicar que el presupuesto vigente ya incluye una reserva del 5% para eventualidades y que el gobierno ha logrado generar ahorros suficientes para implementar la reforma ahora.

La mandataria enmarcó la propuesta dentro de un compromiso programático que comenzó el año pasado. Recordó que en una primera fase se aprobaron unas 10 leyes para reducir cargas contributivas, incluyendo incentivos educativos, beneficios a pensionados, exenciones a organizaciones sin fines de lucro y cuentas ABLE para personas con impedimentos. En esta segunda fase, destacó el aumento de la deducción por menor hasta $5,000 y la reducción de tasas contributivas para la clase trabajadora.

Asimismo, González Colón adelantó que una tercera etapa de la reforma evaluará otros componentes del sistema contributivo, como los arbitrios a los vehículos y el régimen contributivo de las corporaciones.

Aseguró, además, que las medidas han sido discutidas con la Junta de Supervisión Fiscal, aunque reconoció diferencias de criterio, particularmente en propuestas relacionadas con la tasación de propiedades. “Estoy en contra de eso porque implicaría aumentarle los costos a la gente, aun con el costo de vida que ya enfrentan”, expresó.

Así las cosas, la gobernadora subrayó que la reforma busca atender la inflación, evitar la migración y fomentar el crecimiento poblacional.

“¿Cómo hago para que la gente no se me mude de Puerto Rico? ¿Cómo incentivo que las familias aumenten su núcleo familiar? Tengo que hacerlo bajándole las contribuciones”, afirmó.

Historias relacionadas:

Hacienda descarta recortes a agencias para costear reforma contributiva

Charbonier ofrece detalles de las propuestas tasas contributivas