La agencia reduce la carga de trabajo de los agentes y promete fiscalización más estricta tras más de una década sin cambios.

La Administración de Vivienda Pública completó un nuevo proceso de licitación para redistribuir las áreas de trabajo de los agentes administradores de los residenciales públicos, luego de más de 12 años sin revisar la estructura de contratos.

Según explicó su administrador, Juan Rosario, el proceso abarca 328 residenciales en Puerto Rico y resultó en la selección de 16 áreas administrativas, de las cuales seis estarán bajo nuevos agentes con experiencia previa en programas federales de vivienda. Los contratos tendrán una duración de dos años y representan una inversión de $49 millones, con una nueva convocatoria prevista para 2027.

Uno de los cambios más relevantes es la reducción del número de unidades por agente administrador, que pasará de un promedio de 7,000 a un máximo de 3,500, con el objetivo de mejorar la supervisión y el servicio directo a los residentes. El funcionario reconoció que la sobrecarga anterior “dificultaba la eficiencia y la atención adecuada”.

Además, Vivienda aseguró que incorporará nuevos controles de monitoreo para fiscalizar los contratos y que los nuevos acuerdos incluyen cláusulas que permiten realizar mejoras mediante los ‘procurement specialists’ de cada agente, lo que busca agilizar reparaciones y mantenimiento en los complejos de vivienda.

El administrador también informó que los residenciales están siendo inspeccionados bajo el sistema federal INSPIRE, enfocado en garantizar condiciones básicas de salud y seguridad.

Entre las gestiones recientes, la agencia y la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda destacaron dos familias que completaron hipotecas en Coamo, y la entrega de más de $10.6 millones en subvenciones agrícolas, incluyendo $917,000 a agricultores de Arecibo, Quebradillas y Camuy.