La Policía preparaba hoy el expediente para obtener órdenes de allanamiento con las cuales registrar un vehículo y un apartamento en el caso de la enfermera Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años y madre de dos menores, cuya muerte por asfixia el 24 de junio en Caguas fue reclasificada oficialmente como asesinato el domingo pasado.

La posible evidencia recuperada en esos registros sería la base para someter denuncias que responsabilicen a Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, por ese asesinato. El hombre está detenido porque la fiscalía promovió un proceso de revocación de libertad bajo palabra, pero permanece solo como “persona de interés” en el caso y no ha sido vinculado formalmente con el asesinato.

El superintendente auxiliar de investigaciones criminales, coronel Juan Manuel de Jesús Treskow, adelantó este próximo paso investigativo, pero no ofreció detalles. Comentó que esperaban que la fiscalía pudiera concretar denuncias contra Estefano Pino porque “sigue siendo el sospechoso principal”.

El Vocero había informado que Estefano Pino hizo admisiones parciales cuando lo detuvieron, específicamente, que había tenido “un problema” con la víctima y también que mostraba arañazos en su cuerpo. De Jesús Crespo abundó que en la escena de la muerte “hubo algunas señales (de que fue un asesinato) pero hacía falta la determinación del patólogo”.

La muerte habría sido mediante asfixia con una almohada en su residencia en el sector Quebrada Arenas, de Caguas. Una semana después, el 1 de julio, la Policía detuvo al hombre cerca del centro comercial de outlets en Barceloneta. Entonces se conoció que tiene un historial criminal extenso, comenzando con una convicción en 1976 (cuando era menor de edad), por casos diversos de violación, robo, asesinato y sodomía contra mujeres. Acumuló condenas por 167 años, pero la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) lo dejó en libertad en 2018 por entender que había cumplido “satisfactoriamente” con los requisitos.

Esto provocó crítica a ese organismo y que el representante popular Ramón Torres Cruz pidiera a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que comience la investigación ordenada bajo la Resolución de la Cámara 657 sobre el funcionamiento de la Junta, incluyendo los mecanismos para evidenciar el cumplimiento de las condiciones impuestas a quienes reciben el beneficio, así como las métricas utilizadas para evaluar la rehabilitación como fundamento principal de estas concesiones.

También, la gobernadora solicitó el viernes pasado a la JLBP un informe sobre el caso de Estefano Pino.

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