La Junta de Control Fiscal (JCF) anunció el martes que el presupuesto del año 2026 no cuenta como uno desarrollado en consenso con la Legislatura y el Ejecutivo de la isla, sino como uno impuesto por ese ente debido a diferencias en la forma de distribuir asignaciones para carreteras municipales.

El concepto de desarrollado en consenso no es lo mismo que el requerimiento de presupuesto balanceado que tiene la Ley PROMESA para dictar cuándo la Junta puede cesar funciones. El ente fiscal ha dicho que para contar presupuestos como “balanceados” se necesitan los estados financieros auditados del gobierno, que tardan varios años en prepararse.

A lo que la Junta se refiere es a su poder legal de imponer un presupuesto, por encima de la Legislatura y el Ejecutivo. El de 2026 suponía ser el primero en desarrollarse en consenso después de que personal de la Junta y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto comenzaran a trabajar en conjunto todas las etapas del desarrollo del presupuesto.

Pero el martes en la noche, la Junta divulgó que no fue resultado del consenso porque ellos tuvieron que imponer las condiciones para distribuir una asignación de $35 millones para el plan de mejoras de carreteras municipales. “La Junta propuso un marco estructural para asignación de estos fondos basado principalmente en millas de carretera, condiciones y la capacidad de pago de cada municipio. “No se alcanzó consenso porque tanto la gobernadora como la legislatura se opusieron al lenguaje propuesto y prefirió un enfoque menos estructurado para la administración y distribución de esos fondos”, indicó en carta el director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica.

Advirtió que para el presupuesto 2027 se anticipan problemas que identificaron en el presupuesto revisado 2026. A saber, “se requiere claridad adicional para evaluar totalmente si el financiamiento está completo, el alineamiento de gastos con recursos disponibles, y la extensión a la que las obligaciones previas y recurrentes están completamente reflejadas en el presupuesto”.

Puso de ejemplo dos áreas: el Programa de Café de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), bajo el Departamento de Agricultura, y el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE).

El de café “no parece ser autosustentable” y acumula un déficit de $33 millones que se tuvo que cubrir en la revisión. Mientras, en Educación Especial no se sabe todavía si los recursos sostenían obligaciones de pago que venían arrastrándose de periodos anteriores. Tampoco si cubren aumentos de salario retroactivos. La Junta usó $90 millones adicionales en el presupuesto revisado para cubrir la deficiencia.

Otro cambio en el presupuesto revisado de 2026 es un aumento de $222 millones a la Reserva de Estabilización de la Tarifa, que actualmente tiene $683 millones, para estabilizar tarifas bajo el Plan de Ajuste que podría aprobarse en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica.