Será obligatoria una fianza del 10% del valor del proyecto en casos que busquen detener construcciones previamente autorizadas.

La gobernadora Jenniffer González Colón defendió la ley que establece nuevos requisitos para personas o entidades privadas que intenten impugnar permisos o actuaciones relacionadas con proyectos de construcción en Puerto Rico.

La medida ha generado controversia debido a que establece que toda solicitud de paralización de obras mediante recursos judiciales o administrativos deberá incluir una fianza que no podrá ser menor al 10% del valor total del proyecto.

Por ejemplo, si el proyecto tiene un valor total de $10 millones, las personas o entidades que se opongan deberán presentar una fianza de $1 millón. Este requisito será obligatorio en casos que busquen detener construcciones previamente autorizadas.

“Firmé ese proyecto”, dijo la gobernadora durante una actividad oficial en Bayamón. “Fue avalado por la Cámara y el Senado. Lo que establece es que una persona privada ya sea natural o jurídica que quiera impugnar un permiso utilizando un ‘injuction’, mandamus, sentencia declaratoria u otro recurso tiene que cumplir con unos requisitos”, agregó.

La medida, que fue iniciativa de los representantes Georgie Navarro y Luis Jiménez Torres, además, fortalece los fundamentos para solicitar la revocación de permisos cuando hayan sido obtenidos mediante información incorrecta o falsa que haya inducido a error a la entidad emisora. Asimismo, declara que errores u omisiones procesales subsanables, que no generen daño inminente, no serán suficientes para detener el proyecto.

“Actualmente, las leyes de procedimiento civil establecen que un tribunal puede imponer una fianza. Lo que pasa es que es a discreción del juez y este proyecto lo que hace es limitar un monto. Puede ser un 15, 20 o un 30 por ciento. El proyecto de ley establece que tiene que haber unos elementos básicos para poder impugnar, interés propietario o personal, un daño inminente, que el daño esté relacionado con la conducta que se está impugnando y que el tribunal pueda reparar ese daño. Ya no basta con alegaciones generales”, explicó González Colón.