La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y la Corporación de Servicios Legales (CSL) se opusieron el miércoles a un proyecto por petición, el de la Cámara 1112, que crearía la “Ley para Regular la Profesión de los Emplazadores en Puerto Rico”.

El peticionario de la medida que presentó el representante Wilson Román López es el emplazador Jimmy Rosado Acevedo, quien la defendió indicando que la misma busca “fortalecer la transparencia, la equidad y la correcta administración de la justicia en los procesos de notificación judicial”.

El proyecto crearía un marco uniforme de requisitos, deberes, responsabilidades y estándares éticos para el ejercicio de la función emplazadora. Especificamente, mediante un un sistema de licenciamiento y registro obligatorio para todos los emplazadores, requisitos mínimos de capacitación y experiencia, así como la creación de una Junta Reglamentadora de Emplazadores que fiscalice, supervise y emita sanciones cuando se violen los deberes legales o éticos establecidos.

El regulador sería la OAT, lo que provocó la objeción de esa agencia que representa el Poder Judicial, durante la vista de la Comisión de lo Jurídico.

Entre las objeciones que enumeró la licenciada Mónica Hernández, de la División de Asesoría Legislativa de la OAT, están: que se le otorgaría al emplazador el carácter de funcionario del Poder Judicial, creando un conflicto de interés potencial; que expedir licencias para emplazadores excede las funciones de la OAT; que la figura del emplazador ya está reconocida en las Reglas de Procedimiento Civil; y que la responsabilidad que se le adjudica a la OAT “requeriría todo un andamiaje que incluye una estructura administrativa y de personal que haría necesaria la contratación de nuevos funcionarios, la elaboración de exámenes y el desarrollo de un proceso de expedición de licenciamiento que requeriría una inversión presupuestario adicional”.

En términos prácticos, añadió, el licenciamiento de emplazadores reduciría el universo de personas candidatas para esa función y provocaría un aumento de costos de ese servicio.

El subdirector de la CSL, licenciado Alejandro Figueroa Quevedo, enfatizó en ese último punto por el efecto que puede tener de limitar el acceso a la justicia al hacer más caro el proceso judicial. “La cantidad de requisitos que tendrán que cumplir los emplazadores, encarecerían los costos de emplazamientos que ya han aumentado, casi al triple del pasado año, mientras hay emplazadores que ya limitan los lugares en los que diligencian los mismos, invocando asuntos de seguridad”, puntualizó.