Además, la Oficina de Ética recibió querella contra la funcionaria por contrataciones de su yerno en ASSMCA, pero la archivó porque había dispensa.

La empresa One Source Investigations LLC (OSI) tuvo un contrato con la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual (DSPDI) del Departamento de Salud (DS), a la misma vez que la exdirectora de esa división, hoy secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, hizo gestiones para que dos hogares de cuido subcontrataran a la empresa por decenas de miles de dólares mensuales para dar servicios a un solo participante del programa.

La controversia pública que rodea a Roig Fuertes y a OSI comenzó cuando el dueño de uno de los hogares denunció al programa Rayos X el acuerdo irregular al que lo sometió la entonces directora de DSPDI. Según una declaracion jurada, Roig Fuertes directamente había condicionado la contratación del hogar por $60,000 mensuales a que el hogar subcontratara a OSI para proveer los servicios de “cuidador”. Los ‘guardias cuidadores’ estarían a cargo de INR, un paciente de salud mental procesado por actos lascivos y con episodios documentados de violencia durante su tratamiento. OSI es una agencia de seguridad e investigaciones, no de cuido de pacientes de salud mental. Lleva años, por ejemplo, con un contrato en la Oficina del Contralor para hacer investigaciones y diligenciamientos.

La funcionaria no solo intervino para que el hogar contratara a OSI, sino que también hizo que el supervisor del hogar, un enfermero, fuera relevado de su cargo y enviado a la lavandería, lo que permitió que la empresa añadiera en sus facturas al hogar a un supervisor por $4,000 mensuales. El dueño de OSI, Jesús Nadal Sárragas, cobraba $5,600 mensuales del acuerdo.

El lunes, la delegación senatorial del Partido Popular Democrático (PPD) divulgó un expediente investigativo que el DS levantó contra Roig Fuertes por estas intervenciones y que refirió al Departamento de Justicia (DJ) porque el entonces secretario de la agencia, Carlos Mellado López, entendía que la funcionaria había violado la ley. En el mismo surgió que el esquema de pagarle a un hogar y luego subcontratar a OSI ocurrió en un segundo hogar que manejó al paciente.

NotiCel confirmó que, además de estas intervenciones a favor de OSI, la empresa tuvo un contrato de $180,600 por un año con la DSPDI mientras la dirigía Roig Fuertes. El contrato era para ofrecer servicios de adiestramiento de seguridad en las instalaciones de la división. El contrato no indica si su adjudicación fue resultado de una subasta o si fue una contratación directa tras la propuesta que sometió Nadal Sárragas. Es normal que estos acuerdos de “servicios profesionales” sean por decisión directa de los que recibirán el servicios, o Roig Fuertes en este caso.

En una declaración jurada que prestó para la investigación preliminar que hizo Salud, Roig Fuertes afirmó que “no tengo relación alguna con OSI, su presidente o personal más allá de una estrictamente profesional”. El martes, Mellado López dijo en Primera Pregunta que Roig Fuertes tenía “una relación más allá de lo laboral, una relación íntima” con el presidente de OSI. Sin embargo, le estaban preguntando por Wilfredo Benítez González, quien no es presidente de OSI, aunque fungió como su representante.

Como resultado de la investigación en el DS, el 25 de enero de 2022, Mellado López destituyó a Roig Fuertes del puesto de confianza como jefa de la DSPDI y la devolvió a su puesto de carrera como directora de centros de tratamiento en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). En una entrevista radial del martes, dijo que no confía en la funcionaria y que no había dicho nada del episodio con los hogares porque consideraba a Roig Fuertes una “buena empleada” y que, dependiendo de la pesquisa en Justicia, podía devolverla al cargo en DSPDI.

Pero Mellado López era asesor del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuando ese cuerpo legislativo evaluó el nombramiento de Roig Fuertes a Familia. En ese momento, principios de 2025, todavía Justicia no había cerrado la investigación por los hogares y la funcionaria había contestado en un cuestionario del Senado que no era objeto de una investigación. Sin embargo, había prestado una declaración jurada con relación a la investigación preliminar de Salud que le costó volver a su puesto de carrera, por lo que sabía de la alegación en su contra. En la sección de “investigación de campo” del informe positivo senatorial sobre su nombramiento aparecen ocho entrevistados, ninguno fue el asesor del presidente senatorial, Mellado López.

Estando Roig Fuertes en funciones como jefa de Familia, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, emitió el 30 de octubre de 2025 una “orden de cierre y archivo” en la investigación que había referido Salud sobre la intervención de la funcionaria con los hogares. Con su firma, refrendó el que la agencia archivara la pesquisa sin gestiones propias, solo con el expediente que le pasó Salud, porque un fiscal, que no es identificado, “entendió innecesario llevar a cabo procesos de recopilación de evidencia adicionales”.

Conociendo que no se había hecho gestión adicional, Gómez Torres concluyó con su firma que “actualmente el Estado no cuenta con prueba alguna que corrobore las alegaciones sobre actos ilegales y/o delictivos relacionados con la Sra. Roig, no implicando los hechos surgidos en relación con los servicios que se tramitaron para beneficio del participante INR en la DSPDI la comisión de delito alguno”. Para la secretaria, resultaron suficientes las apreciaciones de que todo el trámite con los hogares se había consultado también con el monitor federal de la DSPDI sin que esa entidad levantara cuestionamientos y que, como al segundo hogar se le pagaron $50,000 mensuales, pues entonces los $60,000 mensuales del primer hogar “luce ser lo que razonablemente se acuerda en este tipo de caso”.

Por su parte, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) confirmó a NotiCel que no recibió, ni está activo, ningún proceso allí contra Roig Fuertes por el asunto de los hogares de cuido. De los documentos que la delegación popular publicó sobre Salud, ni de los que la presidencia del Senado publicó sobre Justicia, se desprende un referido oficial a la OEG de parte de alguno de ellos.

Ante cuestionamiento de NotiCel, la OEG sí confirmó que se recibió una querella anónima contra Roig Fuertes en enero de 2021 por asuntos que surgieron como administradora de ASSMCA, posición que ocupó de 2017 a 2021. La alegación “versaba sobre unos contratos otorgados al novio y eventual esposo de su hija”, dijo un portavoz de la oficina. La OEG no reveló las razones para que la querella fuera archivada, pero a Roig Fuertes se le había concedido una dispensa para que todo asunto relativo a su yerno, Esaí Rivera Gotay, quien era coordinador de contratos en la agencia, fuera atendido por el director de la Oficina de Asesoramiento Legal.

OSI acabó litigando por su cuenta contra cada uno de los dos hogares de cuido.

En uno de ellos la representó el licenciado Carlos F. Padín Pérez, quien fue también el abogado de Roig Fuertes para la investigación de Salud, tuvo contrato en ASSMCA cuando ella era administradora y tiene contrato ahora en Familia siendo ella secretaria. Padín Pérez tuvo contrato también como asesor en el Senado de Carlos Rodríguez Mateo, quien fue administrador de ASSMCA, y otro contrato como asesor de la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, María D. Santiago.

Contra el primer centro, Hogar Hacienda Don Luis, Inc., alegó que le debían $52,110 por concepto de las horas de almuerzo que trabajaron sus “guardias de seguridad”. Pero el tribunal lo desestimó al destacar que OSI no produjo prueba suficiente para sostener sus alegaciones. Específicamente, que el servicio que prestaron no fue de guardias, sino de cuidadores, y que le correspondía a la empresa satisfacer los pagos a los empleados y no al hogar.

En el caso del segundo hogar, Brother’s Home, Inc., la empresa alegó que no le pagó facturas y que tenía una deuda pendiente por $200,000. El 21 de marzo de 2022, según la demanda, el dueño del hogar les había dicho “que se fueran, que él se hacía cargo de INR”. Ese caso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial entre las partes.

En la minuta de una reunión que fue estipulada como evidencia por las partes para el caso de Hogar Hacienda Don Luis, el dueño de OSI se sinceró.

“Me siento abochornado por la situación, si lo hubiera sabido nunca hubiese aceptado este trabajo”, dijo Nadal Sárragas durante una reunión en La Plazoleta de Plaza las Américas.

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