Como se anticipaba desde enero, la defensa del contratista Daniel García Martin avisó el viernes al tribunal que se declarara culpable del cargo de posesión de armas ilegales que enfrenta y que surgió en medio de una investigación sobre construcciones ilegales en La Parguera.

La abogada de la Oficina del Defensor Público federal, Jessica E. Earl, enfatizó en su moción que la alegación se haría bajo la modalidad de “straight plea”. De ordinario, este tipo de alegación es indicativo de que no ha ocurrido cooperación del acusado con el gobierno. Sin embargo, un convicto siempre tiene oportunidad de cooperar posteriormente.

Cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) fueron al hogar del hombre de 67 años en octubre pasado, no fue para arrestarlo por la posesión ilegal de armas y municiones.

En una vista entonces ante el exmagistrado Marshall Morgan, tanto la abogada como la fiscal Linet Olinghouse hicieron claro que los agentes llegaron a ejecutar una orden de allanamiento por otra investigación. Específicamente, la construcción ilegal en la propiedad de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón ubicada en la reserva natural de La Parguera.

La revelación provoco que la fiscalía dijera que la investigación no era sobre la gobernadora y, posteriormente, el nombramiento como magistrado de Morgan no fue renovado, a pesar de la recomendación de un comité evaluador para que se renovara.

En una vista en enero, Olinghouse indicó sin mayor detalle que a García Martin se le habían incautado al menos 12 aparatos electrónicos. Esto incluye una computadora portátil.

También el viernes, el Senado emitió un informe negativo para el proyecto de administración que pretendía legalizar construcciones ilegales en La Parguera.

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