Acusan por fraude a mujer que timó ciudadanos que compraron boletos para viajar a Colombia
Los querellantes son todos vecinos de Jayuya y entre las cantidades transferidas electrónicamente a la acusada suman $5,580.00. Los pagos hechos a la mujer fluctúan entre la cantidad de $2,200.00, $1,180.00, $1,380.00 y $820.00.
La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó causa en las denuncias presentadas y le impuso una fianza de $40,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). La jueza señaló la vista preliminar para el próximo 11 de marzo de 2026. Archivo/NotiCel.
El Departamento de Justicia, a través de la División de Delitos Económicos, presentó en la mañana de hoy ocho denuncias contra Alerimar Santiago Torres, por los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude contra cuatro ciudadanos.
Los hechos por los cuales la fiscal María Teresa Carro Lahongrais presentó las denuncias ocurrieron entre el mes de enero de 2024 al mes de julio de 2024 en Corozal. La investigación de los hechos, a cargo de la agente de la Policía de Puerto Rico, Rebeca Ortiz, reveló que los querellantes pagaron dinero a la imputada Santiago Torres para la compra de un paquete de viaje que consistía en reservas de pasajes, hotel y guías para un viaje en grupo para la fecha del 24 de junio al 1 de julio del 2024 con destino a Medellín, Colombia.
Sin embargo, Santiago Torres nunca les envió recibos ni las reservas por lo que los querellantes no pudieron realizar el viaje y tampoco recibieron el dinero pagado. Los querellantes son todos vecinos de Jayuya y entre las cantidades transferidas electrónicamente a la acusada suman $5,580.00. Los pagos hechos a la mujer fluctúan entre la cantidad de $2,200.00, $1,180.00, $1,380.00 y $820.00.
La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, determinó causa en las denuncias presentadas y le impuso una fianza de $40,000, la cual fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). La jueza señaló la vista preliminar para el próximo 11 de marzo de 2026.
De ser hallada culpable, la mujer se expone a una pena de reclusión por un término fijo de 3 años por violaciones al Artículo 182 del Código Penal de Puerto Rico de apropiación ilegal agravada y a 8 años de pena de reclusión por el Artículo 202B del Código Penal de Puerto Rico por Fraude.
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