El ICE ha sido la cara más visible de las duras políticas antimigratorias de Trump en su segundo mandato, y la entidad que ha llevado a cabo, junto al CBP, las redadas en ciudades de mayoría demócrata como Mineápolis, Chicago y Los Ángeles.

WASHINGTON — El ‘zar’ de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, aseguró este domingo que las redadas migratorias continuarán en todo el país a pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que hoy cumple su tercer día sin visos de un acuerdo de financiamiento en el Congreso.

Consultado sobre si la paralización restringiría la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para continuar sus operaciones, Homan respondió que a pesar de la falta de fondos para pagar a los agentes, estos seguirán aplicando la política migratoria de mano dura impulsada por Trump.

«Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán», dijo a la cadena CNN.

El Senado estadounidense fracasó el pasado jueves en su intento de aprobar un proyecto de ley republicano para financiar al DHS hasta septiembre, después de que casi todos los demócratas bloquearan la medida al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones del ICE, que han provocado protestas y se han saldado de momento con la muerte de dos estadounidenses en Minéapolis (Minnesota).

El receso programado en las dos cámaras del Congreso, controladas por republicanos – entre los que también hay diferencias sobre si impulsar una propuesta de financiamiento anual o una provisional- podría extender el cierre de la entidad, que emplea a más de 270.000 personas, de las que más del 90 % seguirá activa durante este lapso.

Esta nueva paralización parcial, la segunda en febrero después de un breve cierre a inicios de mes, no afectará al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto ya fue aprobado hasta el fin del año fiscal. Una paralización total anterior limitó las funciones de la Administración por un récord de 43 días entre octubre y noviembre pasados.

Solo incluirá a las agencias bajo la sombrilla del DHS: el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), entre otras.

El ICE ha sido la cara más visible de las duras políticas antimigratorias de Trump en su segundo mandato, y la entidad que ha llevado a cabo, junto al CBP, las redadas en ciudades de mayoría demócrata como Mineápolis, Chicago y Los Ángeles.

A pesar de que el enfrentamiento entre demócratas y republicanos tiene como centro esta agencia, la millonaria inyección de fondos a través de la ley presupuestaria y fiscal impulsada por el presidente estadounidense le da amplia libertad a la secretaria del DHS, Kristi Noem, para reubicar el dinero dedicado a garantizar las operaciones migratorias.