La jueza federal Silvia Carreño Coll, quien tiene ante sí el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, ofreció una oportunidad poco frecuente para conocer la opinión de un juez activo sobre el trabajo que realiza al ingresar a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación.

La exfiscal federal criticó que se impongan penas que incluyen libertad supervisada a personas que serán deportadas por no tener estatus migratorio regularizado. La libertad supervisada es un periodo que se impone después de que el convicto federal ha cumplido sentencia y durante el que se supone que lo que ocurra es que se le ayuda a reinsertarse en la sociedad. Directamente, se ha determinado que no es una extensión del castigo ni puede tener un fin punitivo. Pero si la persona violenta alguna de las condiciones de su libertad supervisada, un resultado posible es que se le revoque esa libertad y tenga que ingresar a la cárcel por el resto del tiempo que le quedaba bajo supervisión.

Cuando el convicto enfrenta deportación al final de su término de cárcel, imponerle libertad supervisada constituye un doble castigo, argumentó la jueza, según el discurso que preparó para su ingreso a la academia en agosto pasado. Esto, porque si esa persona intenta entrar a jurisdicción de Estados Unidos sin permiso y se le detiene, no solo cumplirá sentencia por ese intento de entrada ilegal, sino que servirá una segunda sentencia por la libertad supervisada que tenía pendiente porque el delito posterior se considera una violación a esa supervisión.

Ese doble castigo ocurriría a pesar de que el delito de entrada ilegal al país no se considera uno de naturaleza violenta.

“Una indagación sobre la justificación penal de imponer libertad supervisada a convictos sujetos a deportación revela un castigo sin propósito. No se puede sostener a través de las justificaciones legítimas de rehabilitación, disuasión ni incapacitación, y no puede servir los fines retributivos. Es difícil comprender la justificación de la imposición gratuita de sufrimiento, incluso sobre aquellos ‘correctamente’ clasificados como culpables, y aún más difícil negar la injusticia de un castigo sin propósito legítimo”, dijo Carreño Coll.

Añadió que, en los últimos cinco años, en el tribunal federal de la isla se han radicado 450 casos por reingreso ilegal luego de una deportación y que, en su experiencia, tener una libertad supervisada pendiente no es suficiente disuasivo para no volver a intentar entrar al país porque los motivos para hacerlo “tienen un alto componente de necesidad económica”.

“El juzgador debe recordar que no sentencia números; cada persona se presenta ante el tribunal como un ser humano”, dijo la jueza, quien nació en Santo Domingo, capital de la República Dominicana.

Carreño Coll presidió el jueves pasado sobre la primera ceremonia de naturalización de 2026 en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, cuando 31 personas de 10 países se convirtieron en ciudadanos estadounidenses.