Solicitan sanciones por entender que el pleito tiene otros propósitos que no son la justicia

El pasado 29 de diciembre de 2025 el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó una demanda cuestionando el requisito establecido por la Oficina de la Gobernadora para que los periodistas que acudan a La Fortaleza tengan que presentar su acreditación como prensa. El Gobierno expuso como razón que el salón de prensa tiene espacios limitados y está disponible para periodistas bona fide que han sido acreditados como prensa por la Comisión compuesta por personas nombradas por las agrupaciones de prensa.

En su contestación, la Gobernadora y el Departamento de Justicia solicitan la desestimación de la demanda tras sostener que el requisito es uno de orden y seguridad como ocurre a nivel federal y en otros estados. La representación legal de la Gobernadora y el Gobierno está a cargo del exsecretario de Asuntos Públicos, el licenciado Ramón L. Rosario Cortés y del licenciado Gian Oliver Martínez de la firma Puerto Rico Legal Advisers.

El licenciado Rosario Cortés, también presidente de la Asociación de Abogados, expresó que “la pretensión del CPI es querer tener un privilegio que no tienen los demás periodistas que se registran ante sus pares ante una Comisión compuesta por delegados que nombran los propios gremios de prensa. El requisito de acreditación de periodistas ya fue validado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 1998 y, tan reciente como en el 2025, los foros federales validaron un requisito idéntico establecido por la Casa Blanca para su sala de prensa. Eso tiene un propósito de seguridad y de orden pues los espacios en la sala de prensa son limitados”.

En su Demanda, el Gobierno solicita que se impongan honorarios de abogados por lo que consideran un pleito frívolo. Sobre los demandantes, sostiene el Gobierno que ninguno tan siquiera ha solicitado la acreditación por lo que no pueden alegar daños y que dicho proceso es uno sencillo con aprobaciones automáticas por los mismos representantes de los gremios de prensa. El escrito del Gobierno resalta que uno de los miembros de la Comisión que evalúa estas certificaciones fue nombrado por la propia Directora Editorial del CPI, entidad que es demandante en el caso.

“La realidad innegable es que ni a los demandantes ni al CPI se le ha negado información pública pues no han hecho solicitud alguna y para eso existe una ley con un proceso particular. La demanda tiene otros propósitos que no son el acceso a la información y no podemos set tan ingenios. Los tribunales no son para eso”, expresó Rosario Cortés.

El caso se encuentra ante el Juez Iris Cancio González de la sala del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.