Las legisladoras reaccionaron a la radicación del Proyecto de la Cámara 1025 y del Proyecto del Senado 923, provenientes de La Fortaleza, que proponen enmendar el artículo 92 del Código Penal para disponer que, para propósitos del delito de asesinato, el término ser humano incluya al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

Las delegaciones legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño en Cámara y Senado rechazaron el martes una propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón para enmendar la definición del delito de asesinato e incluir al concebido como persona, al advertir que la medida criminaliza el aborto.

“El liderato del Partido Nuevo Progresista, en repetidas ocasiones, ha declarado su intención de ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos, y hacia eso se dirigen”, dijo María de Lourdes Santiago, en declaraciones escritas.

“La Gobernadora y sus legisladores nos quieren obligar a un retroceso de décadas en la lucha de las mujeres por sus derechos”, añadió.

Las legisladoras reaccionaron a la radicación del Proyecto de la Cámara 1025 y del Proyecto del Senado 923, provenientes de La Fortaleza, que proponen enmendar el artículo 92 del Código Penal para disponer que, para propósitos del delito de asesinato, el término ser humano incluya al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

La senadora sostuvo que la propuesta crea un choque con disposiciones vigentes del Código Penal y con la normativa judicial que permite la terminación de embarazos por razones médicas, al advertir que la medida expone a las mujeres a penas de hasta 99 años de prisión.

“Esta no es una medida aislada, sino que se une a otras iniciativas que buscan imponer el control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres, descartando consideraciones salubristas y de derechos humanos”, indicó Adriana Gutiérrez, en declaraciones escritas.

La representante señaló que la aprobación de estas medidas podría generar interpretaciones judiciales que restrinjan gravemente los derechos de las mujeres y expongan tanto a pacientes como a profesionales de la salud a consecuencias penales, según expresaron las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño.