Para evitar que se repitan trágicos casos como el brutal asesinato del homosexual Jorge Stevens López, se deben mantener en el Código Penal el agravante de crimen de odio, afirmó el licenciado Thomas Bryan Picó, presidente de la organización sin fines de lucro Fundación Gaviota que brinda asistencia a las víctimas de ese tipo de delito.

El deponente afirmó ante la Comisión cameral de lo Jurídico y Ética que el caso de López, de 19 años de edad, trastocó la fibra moral de Puerto Rico y que los crímenes de odio hay que erradicarlos, no de los libros, como se pretende hacer con el nuevo y polémico Código Penal, sino de la vida cotidiana.

Bryan Picó, quien es representante de la comunidad LGBTT en el comité de Discrimen del Departamento de Justicia, resumió más de una decena de casos de asesinatos y agresiones en los que las víctimas han sido homosexuales y transexuales, por lo que lamentó que el Senado, presidido por Thomas Rivera Schatz, haya eliminado los agravantes por razón de ‘orientación sexual, género, identidad de género y origen étnico’.

‘Resulta desmotivante y altamente decepcionante ver que muchos de los resultados positivos que entendíamos se venían logrando durante el presente cuatrienio, los puentes de comunicación y entendimiento que se han venido creando a consecuencia de estos esfuerzos entre las estructuras del gobierno y la comunidad LGBTT, como pueden verse amenazados y afectados por la aprobación del nuevo Código Penal’, destacó.

El licenciado criticó que el Senado siga respondiendo a las presiones de los líderes fundamentalistas, a quienes tildó de hipócritas, porque favorecen la eliminación de los referidos agravantes, pero reclaman la protección para los casos de discrimen por creencias religiosas.

‘Vaya con la hipocresía. Luego, estos mismos autoproclamados líderes religiosos dicen que todos los ciudadanos deben ser tratados por igual. Sin embargo en su persistente intento de imponer mediante legislación sus criterios morales a otros, se han opuesto a que se apruebe el proyecto de la cámara 1725 para terminar con el discrimen por orientación sexual en el trabajo, el cual han paralizado en el Senado por ya cerca de dos años, impidiendo que se cumpla con esta promesa programática, tanto del partido en el poder como de los partidos de minoría’, indicó.

‘La lista de trato desigual que reciben las comunidades LGBTT en Puerto Rico, contrario a la política pública establecida internacionalmente por la administración del presidente Barack Obama, es interminable’, sentenció.

Mientras, José Rodríguez, del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, catalogó como preocupante que el nuevo Código Penal establezca que el mismo ‘no puede estar al servicio de minorías ni obedecer a caprichos personales o individuales de unos y otros’.

‘Mientras los acuerdos internacionales se encaminan a proteger grupos minoritarios por los constantes ataques y violaciones de derechos humanos, en Puerto Rico se pretende eliminar derechos adquiridos’, sostuvo Rodríguez, quien también enumeró los casos de discrimen institucional contra la comunidad dominicana, que incluyen la negativa de servicios hospitalarios y hasta la inscripción de menores dominicanos en las escuelas de la isla.