Las autoridades alegan que la organización coordinaba cargamentos de cocaína desde Venezuela, Colombia y República Dominicana hacia Puerto Rico, mediante embarcaciones, para luego enviar droga a Estados Unidos.

Seis personas fueron acusadas por 23 cargos relacionados con crimen organizado, asesinatos, narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a leyes de armas de fuego.

“Esta acusación no solo alega crímenes violentos, sino también que estos delitos fueron cometidos abierta y descaradamente, y que miembros inocentes de la comunidad fueron asesinados”, dijo el jefe de fiscalía federal, Stephen Muldrow, en conferencia de prensa.

Según la acusación federal, los imputados formaban parte de una organización criminal transnacional con base en Añasco, denominada “la Empresa”, dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y actos violentos.

Las autoridades federales alegan que la organización coordinaba cargamentos de cocaína desde Venezuela, Colombia y República Dominicana hacia Puerto Rico, mediante embarcaciones, para luego enviar droga al territorio continental de Estados Unidos.

La acusación sostiene que las ganancias eran utilizadas para comprar armas, municiones, propiedades, vehículos de motor, embarcaciones y alquilar inmuebles para almacenar sustancias controladas.

Entre los asesinatos incluidos en la acusación figuran los de una mujer y su hija de 8 años, ocurridos el 21 de mayo de 2020 en Añasco.

También se incluyen asesinatos ocurridos en Mayagüez, otros hechos en Puerto Rico y el asesinato de una persona el 14 de abril de 2022 en el Distrito Medio de Florida.

Los acusados fueron identificados como Manuel Antonio Valentín Vega, alias “Nano” y “El Viejo”; Rafael Ángel Ruiz Garcés, alias “Pito Rancho”, “Pito” y “El Flaco”; César Carrero Martínez, alias “Waldy”; Jonathan Hernández Ruiz, alias “Tan”; Luis Irizarry Zapata, alias “Luijo”; y Luis Rivera Quiñones, alias “Nino”.

Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan, sostuvo que la operación forma parte de años de trabajo investigativo contra redes de narcotráfico, violencia y lavado de dinero.

Carlos Goris, agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones en San Juan, dijo que la organización operaba mediante violencia e intimidación.

“Esta organización operaba mediante violencia, intimidación y la falsa confianza de que estaban por encima de la ley”, indicó Goris.

Los cargos incluyen conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para distribuir sustancias controladas, represalias contra testigos, conspiración para lavado de dinero y posesión de armas de fuego para adelantar actividades de narcotráfico.

La acusación también contiene alegaciones de decomiso de bienes relacionados con narcotráfico y crimen organizado, incluidas embarcaciones y propiedades en Aguada, Añasco y Cabo Rojo.

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan hasta cadena perpetua. Valentín Vega e Irizarry Zapata podrían enfrentar la pena de muerte.

El caso forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, creada mediante una orden ejecutiva federal para combatir organizaciones criminales transnacionales, carteles, pandillas y redes de tráfico humano y narcóticos.

La acusación constituye solo una alegación y toda persona acusada se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable.