El Senado aprobó ayer un proyecto de ley para fijar un término para radicar querellas éticas contra los abogados y que agiliza la reinstalación de los letrados que han sido separados temporalmente del ejercicio de su profesión.

El Proyecto del Senado 1753 trata de evitar lo que pasa actualmente, que una querella ética contra un abogado puede tomar años, poniendo en indefensión al abogado ante la imposibilidad de conservar después de años la evidencia que lo exculpe.

Con esta medida, las faltas leves tendrán un término prescriptivo de tres años contados a partir del momento en que ocurrieron los hechos y las faltas graves tendrán un término prescriptivo de cinco años contados a partir del momento en que ocurrieron los hechos.

‘Un número considerable de las querellas disciplinarias en contra de los abogados se presentan muchos años después de acaecidos los alegados hechos constitutivos de una falta ética’, se explicó en un comunicado del Senado.

El estado de indefensión en el que se encontraría el abogado demandado después de años de sucedido el supuesto delito, constituye una violación a las garantías del debido proceso de ley reconocidas en la Constitución de Estados Unidos y la Carta de Derechos de Puerto Rico.

Por otro lado, la medida establece un mecanismo de reinstalación al ejercicio de la abogacía en aquellos casos en que ha habido una separación por un término de tiempo específico.

Actualmente, los abogados, luego de cumplir la sanción impuesta en el Tribunal Supremo, solicitan la reinstalación a la práctica, no obstante, la cantidad de tiempo que tarda este trámite constituye una carga adicional y onerosa a la sanción cumplida, afectando directa y adversamente al abogado disciplinado.

Con la nueva medida, el abogado o notario disciplinado podrá solicitar la reinstalación al ejercicio de su profesión 90 días previo al cumplimiento de dicho término. Posterior a dicha solicitud, el Tribunal tendrá un término de 90 días para reinstalar al abogado o notario disciplinado o denegar la misma.