Airbnb, Homeaway, y otras plataformas digitales, recaudarán el impuesto por ocupación de habitación o ‘room tax’ para el Departamento de Hacienda luego de que hoy, miercoles, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmara el proyecto de la Cámara 1133.

La medida enmienda la ley para aclarar la definición de ‘hostelero’ para los diferentes modelos de negocio que han entrado al mercado ysirvencomo intermediarios entre los hoteles y los huéspedes. Sin la medida, no existía la responsabilidad legal de estas empresas de recolectar el canon, lo que afectaba las proyecciones de recaudos y su fiscalización.22 de junio, el gobernador y funcionarios deAirbnbfirmaron un acuerdo voluntario de recaudación de esta contribución. Incluso, antes de la firma de esta medida, empresas comoAirbnbestaban haciendo acuerdos con el Gobierno para los mismos fines’, expresó el secretario de Asuntos Públicos, Ramón L. Rosario.

‘Esta legislación evitará la pérdida de fondos que deben llegar al Departamento de Hacienda y no llegan. Estas plataformas modernas están dispuestas a ayudar al Gobierno y el caso deAirbnblo demuestra. El pasado

Asimismo, informó que, ‘esta medida firmada permite fiscalizar mejor los recaudos al tiempo que incentiva la industria turística de los hoteles y paradores que estaban en desventaja competitiva por la ausencia de uniformidad en la recolección de los cánones entre los sectores de la industria’.

El proyecto también enmienda el Código de Rentas Internas para que los contribuyentes que generan más de $50 millones anuales remitan el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) de manera quincenal en vez de mensual. Esta medida permitirá tener un mayor flujo de efectivo en las arcas del Gobierno.

‘La medida firmada, en cumplimiento con la política pública del gobernador, no cambia el término para remitir el IVU de la las pequeñas y medianas empresas’, aseguró Rosario.

De igual forma, la medida extiende el periodo de emergencia dispuesto en la Ley 5-2017, conocida como Ley de Cumplimiento, así como la Ley 3-1017, a los fines de aclarar el término que tendrán las agencias del Gobierno para presentar los informes fiscales requeridos por dicha ley.

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