Las medidas que se cocinan en la Legislatura con la intención de allegar más fondos al fisco y así evitar una degradación del credito de Puerto Rico, siguen siendo cuestionadas por diversos sectores que entienden que los efectos adversos serán mayores a los remedios.

Si hay algo recurrente en las posturas de cada una de las entidades que se han expresado en contra de la eliminación de ciertas exenciones del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) o el incremento de las tasas contributivas para compras relacionadas, es que esto llevara a un aumento en los costos operacionales de las empresas que terminarán pagando los consumidores y que las expectativas de recaudos de Hacienda no se cumplirían con estos cambios.

De hecho, para la economista y abogada, Heidi Calero, presidenta de H. Calero Consulting Group, Inc., el Gobierno ha escogido el camino más fácil sin que sea la solución real a los problemas que enfrenta el país.

‘Aumentar impuestos ha sido la solución adoptada durante las ultimas dos administraciones y seguimos con el mismo problema fiscal y la misma recesión económica’, puntualizó Calero durante su deposición en las vistas que efectúo el viernes la Comisión de Hacienda en el Senado, en la que representó a la firma Carlos E. Gaztambide <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>& Associates, una empresa de tasadores./p

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Para Calero, en la coyuntura fiscal en la que se encuentra Puerto Rico hace falta que se aumenten los empleos y que la economía crezca./p

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Si se aprueba el P. del S. 544, que elimina varias exenciones del IVU, Calero no tiene dudas de que ocurrirá un aumento en los costos operaciones de las empresas y por ende de los productos y servicios.br /

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‘Ante este escenario de recesión y pérdida de empleos, lo que necesita Puerto Rico es aumentar su competitividad y reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico… Imponer más impuestos nos hace menos competitivos y reduce las probabilidades de salir de la recesión actual’, aquilató./p

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Pero más allá de eso, Calero habló de que quizás Hacienda no logre su objetivo de aumentar los recaudos al nivel que ha estimado. Y es que estipuló ciertas reservas con el análisis hecho por el economista Juan Lara, contratado por la agencia para que hiciera los estimados./p

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‘La metodología que utilizó esta compañía (Advantage Business Consulting, Inc.) fue el modelo de insumo-producto con la matriz del 2002 inflado a precios 2013 y gastos de 90 categorías en consumo privado de bienes y servicios. Ambas fuentes fueron provistas por la Junta de Planificación. El resultado fue un estimado de recaudos de $883 millones por la eliminación de exención en B2B y $169.4 millones en otras exenciones’, argumentó./p

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Esta entiende que Hacienda no lo logrará por el efecto cascada de los cambios en el IVU, la reducción de la base tributaria, y la merma en los recaudos de contribuciones sobre ingresos si las empresas experimentan una disminución en sus ganancias al no poder pasar los nuevos costos a los consumidores o porque ocurra una baja en los empleos./p

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‘La reducción de ganancias o pérdidas pueden llevar a las compañías a tomar la decisión de acogerse a una quiebra o cerrar operaciones’, añadió./p

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Por su parte, la Cámara de Comercio rechazó el P. del S. 917 porque plantearon que el incrementar el por ciento de Contribución Mínima Tentativa en la compra de propiedad mueble, principalmente a la industria de distribución y venta al dental, pondría un traspié en la economía que sigue en recesión./p

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Según Ángel Marrero, presidente del Comité Asuntos Contributivos de la Cámara, las empresas también se verán obligadas a reducir sus gastos, por lo que expuso el posible efecto en los empleos, los planes de expansión y mejoras de las empresas, y la adquisición de nuevos equipos./p

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Un panorama similar es el que pronostican si se da paso a la eliminación de la exención del IVU en transacciones entre negocios (B2B)./p

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Marrero determinó que ‘la Cámara de Comercio entiende que los aumentos en las contribuciones y los arbitrios deben considerarse una vez todas las otras medidas de conjurar la situación fiscal se hayan agotado’./p

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La Cámara recomendó al Gobierno el reevaluar el aumento del gasto en el presupuesto del próximo año fiscal, el revisar los subsidios y las exenciones de arbitrio otorgados, una mayor inversión en el sistema de fiscalización de Hacienda en aspectos como tecnología y recurso humano para evitar la evasión y minimizar la economía subterránea, y no permitir cambios frecuentes al sistema contributivo./p

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De otro lado, Marrero, mostró preocupación sobre la estructura del crédito que se le dará a los comercios a raíz de la propuesta eliminación de los Certificados de Revendedor./p

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También tuvo sus reservas con la propuesta de imponer una patente estatal, si esta se basa en el volumen de ingreso bruto de las empresas./p

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A su vez, Edwin Rodríguez, presidente de la Asociación del Comercio al Detal, reprobó las medidas./p

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En el caso del P. del S. 917, entiende que se altera su propósito original y que no se consideran el escenario real de la industria que representa./p

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‘Nos parece que una posible contribución de 4% de las compras, resulta en una contribución sobre ingresos excesiva. En el caso de las empresas que actualmente están sujetas a la contribución tentativa, la tasa efectiva de estas podría exceder de un 80% de su ingreso neto tributable’, apuntó Rodríguez./p

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Al mismo tiempo que tuvo sus reparos con el requisito de inversión local ya que lo cataloga como ‘oneroso’ y poco productivo./p

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Finalmente, Pedro Benítez, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Puerto Rico, señaló que el imponer nuevos impuestos a la industria que representa, ‘a nuestro juicio tiene que ser considerada como un ejercicio que no es balanceado, ni justo’, ya que al momento pagan un arbitrio de importación de un 13% a un 40%./p

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Benítez también objetó la eliminación de los Certificados de Revendedores./p

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Según Benítez, ‘el restringir el privilegio del Certificado de Revendedor a la industria, es un golpe a la actividad de venta de piezas y accesorios, pues significa precios más altos al consumidor sobre un segmento que por su naturaleza de alto costo, a causa de las nuevas tecnologías’./p

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Benítez coincidió con Marrero sobre las preocupaciones entorno a la limitación de un 50% en los créditos sobre la contribución del IVU./p