Dos sectores industriales acudieron esta semana al Tribunal Federal para impugnar leyes y planes de la Administración Fortuño que entienden que les afectan y que violentan principios constitucionales de libre competencia y debido proceso.

En el caso de la industria de seguros, la movida es contra una nueva ley que les quita la facultad, en casos de vehículos confiscados por el Departamento de Justicia, de comparecer en el proceso para defender sus intereses sobre la propiedad. Por otro parte, una coalición de 32 entidades y empresas del sector de importación y distribución de alimentos presentaron una solicitud urgente para paralizar la implantación del plan para inspeccionar los furgones que entran a la Isla y cobrarles a ellos una tarifa por esa actividad.

La demanda por el esquema de inspecciones tiene a prácticamente todos los pesos pesados del comercio puertorriqueño en la coalición demandante, incluyendo Molinos de Puerto Rico, V. Suárez & Co., Pan Pepín, y Méndez <><><><><><><><><><><><><><><><><><><> Co., así como la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio, todos representados por el breve precandidato a la comisaría residente del Partido Popular Democrático, Rafael Cox Alomar./p

pEl grupo va contra los jefes de la Autoridad de los Puertos (AP) y del Departamento de Hacienda por ‘articular, diseñar, e implementar a sabiendas una regulación patentemente discriminatoria, incoherente, disruptiva y defectuosa para la inspección mandatoria de todos los furgones domésticos y extranjeros que llegan al Puerto de San Juan’./p

pAunque la inspección mandatoria fuea href=’http://www.noticel.com/noticia/102581/tribunal-federal-detiene-inspeccion-de-furgones.html’ target=’_blank’ objeto de un pleito/a que inicialmente la frenó, la AP la puso en efecto el 1 de octubre pasado. El próximo 16 de octubre entra en efecto el cobro de la tarifa de inspección de hasta $69 por cada furgón, y es ese segundo evento el que la demanda pretende más directamente detener./p

pEn cuanto a las confiscaciones, el bufete de los abogados Miguel Lausell y Osvaldo Carlo representan a las aseguradoras Universal Insurance, Mapfre, y Cooperativa de Seguros Múltiples contra el Departamento de Justicia por la aplicación de la Ley de Confiscaciones de 2011, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz. El proceso de confiscaciones es usualmente sumario, y es sólo después de la confiscación que se permite que los que tienen interés sobre la propiedad objeten. La nueva ley, sin embargo, le quitó a las aseguradoras la capacidad de comparecer en ese proceso para reclamar sus propios intereses sobre la propiedad confiscada. Ahora sólo se les permite que comparezcan en representación del dueño de la propiedad./p

pLas compañías subrayan el absurdo que la ley provoca ya que usualmente la propiedad se confisca como parte de un caso criminal y, como sólo se admite la comparecencia del dueño legal, obligaría a que un acusado criminal comparezca a un proceso administrativo a admitir que es el dueño de una propiedad que está en el centro de su caso criminal./p

pPara ver la demanda por los furgones, pulse a href=’http://www.scribd.com/doc/67698375′ target=’_blank’aquí/a./p

pPara ver la demanda por las confiscaciones, pulse a href=’http://www.scribd.com/doc/67698284′ target=’_blank’aquí/a./p