La discusión sobre el proyecto de inspeccionar todos los furgones que llegan a la Isla pica y se extiende, pues para el sector privado la medida más que ayudar a resolver el problema de criminalidad representaría una carga adicional que tendrá sus repercusiones en los consumidores. Mientras, la Autoridad de Puertos (AP) se mantiene en su posición de que esto ayudaría a frenar la entrada de armas ilegales y droga, y negó que pretendan imponer un nuevo impuesto.

El vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimento (MIDA), Manuel Reyes Alfonso, evaluó que ‘el proyecto está mal concebido desde el principio’, por lo que señaló que es un mal negocio para Puerto Rico. Resumió que ‘se puso la carreta antes que los bueyes’.

No obstante, Reyes Alfonso sostuvo que de manera unánime este sector favorece que se mejore la seguridad del País, y responsabilizó a la AP por no tener un sistema adecuado. Puntualizó que imponiendo las inspecciones de los furgones no es la mejor forma de trabajar con el contrabando de drogas y armas ilegales. Planteó dudas de que esto pueda resolver el problema de la criminalidad, porque ‘en todo el proceso todavía no se ha definido bien el problema’.

Por ejemplo, apuntó que la droga es transportada de Puerto Rico hacía Estados Unidos, que con relación al contrabando sólo siete productos todavía pagan arbitrios y que en el aspecto de las armas alegó que no hay evidencia suficiente de que con la inspección de los furgones puedan evitar su entrada a la Isla, pues muchas de ellas llegan también por correo.

Anticipó que los consumidores terminarán pagando por el aumento en los costos. Además, recordó los tropiezos que ha tenido el proyecto desde que se anunció en el 2009. Incluso, indicó que un grupo de expertos habían señalado deficiencias con el plan al no contar con la tecnología necesaria para el escaneo electrónico de los furgones y cuestionó el proceso de las propuestas donde se le adjudicó el contrato a Rapidscan System, Inc., empresa que se ha vinculado a Andrés Guillermard Noble, el cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi.

Reyes Alfonso dijo que Rapidscan ‘fue el postor que más alto cotizó, y se eliminó a su competidor que había cotizado $135 millones menos’. ‘Estamos hablando de un contrato de 20 años, que es el equivalente a una APP (Alianza Público Privada)’, agregó.

Abundó que la impugnación de la adjudicación del contrato todavía se mantiene en litigio en los tribunales.

Por su parte, Roberto Monserrate, vicepresidente ejecutivo auxiliar de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, reiteró que están a la disposición de que se mejore los parámetros de seguridad y resaltó que el ‘Federal Bureau of Investigation (FBI), no tiene ninguna información de que hacer este operativo va a reducir la cantidad de drogas y armas ilegales que llegan’. Y determinó que ‘si la AP necesita ingresos, estamos dispuestos a colaborar’. Igualmente aseguró que con el contrato ‘estamos encareciendo el comercio de Puerto Rico’.

Por su parte el presidente de la Asociación de Navieros, Hernán Ayala Rubio, también cuestionó el contrato y que el plan no contemple el protocolo que se sigue a nivel federal.

Los representantes de MIDA, la Asociación de Navieros, y la Asociación de Industriales no descartaron entablar algún recurso legal y abogaron por una investigación tanto federal como estatal.

Por otro lado, José Nazario de la compañía Crowley, negó que esta semana comenzarán el primer plan para inspeccionar el 20% de los furgones. Y aseguró que no es correcto. También, expuso que eso no fue lo que habían acordado con la AP, de que primero era un ejercicio no oficial.

El grupo concordó en que todavía no hay reglamento aprobado para poder efectuar el proyecto, y que éste todavía está bajo discusión en vistas públicas.

Se defiende Puertos

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la AP, Alberto Escudero, rechazó las supuestas irregularidades en el proceso de la contratación de la empresa Rapidscan. Además, planteó que para la evaluación del proyecto se creó un comité evaluador con conocimiento del tema, aparte de la Junta.

Escudero precisó que ‘creo pertinente aclarar que ciertamente Puertos no está facultado en Ley para imponerimpuestos al consumidor; para lo que sí estamos autorizados es para revisar las tarifas vigentes’. Por lo tanto, ‘hemos otorgado una reducción que inclusive todavía nos permite recobrar costos de inversión y operación de parte de las compañías importadoras’. Esa tributación es de medio centavo por cada tres libras de transporte de carga.