Su representante legal indicó que fue advertido que no podía hablar sobre la investigación que realizó la agencia y que terminó en un referido contra la exsecretaria de la Vivienda.

Arturo Deliz Vélez, el delator del Departamento de Transportación y Obras Públicas que denunció irregularidades en el manejo de las infracciones y multas del centro de inspección de Ciary Pérez Peña y su familia fue entrevistado en dos ocasiones, el 16 y el 31 de marzo, por personal del Departamento de Justicia.

Pérez Peña es la exsecretaria de Vivienda quien fuera referida el viernes por Justicia a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por influencia indebida.

Deliz Vélez hizo la revelación sobre su citación ante la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor ayer al notificar al representante penepé José “Cheíto” Hernández que no acudiría una segunda citación que le hiciera como presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara. Este legislador está investigando posible fraude en la operación de estos centros.

Deliz, empleado de la Directoria de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Púbicas (DTOP) ha demandado a la agencia, además el Departamento de Justicia por represalias, violación al Código de Anticorrupción, daños morales y angustias y reclama una compensación de $375,000.

También reclama $93,750 en costas de abogado.

Deliz, en una demanda firmada por Lindsay López Murillo, indica que en julio de 2023 comenzó a trabajar como Director de Investigaciones e Inspección (DISCO) y se percató que muchos centros de inspección no pagaban los $2 del costo de documento de inspección. Eso provocó que ordenara una investigación de campo y, entre las estaciones examinadas, se encontraba la de Pérez Peña, ubicada en Yabucoa.
“En dicho Centro de Inspección se estaban falsificando las inspecciones sin entrarlas al sistema con el resultado neto de que se apropiaban del dinero cobrado por la inspección en su totalidad, defraudando al erario y engañando al Gobierno y a los clientes diciendo que habían realizado la inspección”, lee la demanda.

La multa impuesta al centro de inspección totalizó $987,500, a razón de $500 por cada una de las 1,975 transacciones. Deliz, a su vez, hizo referido a distintas agencias.

Esa multa misterioramente fue reducida a $25,000 y Pérez Peña pagó $5,000.

La misma abogada que presentó esta demanda le indicó en una carta ayer al representante Hernández que su cliente fue mencionado la pasada semana “de manera injuriosa y falsa” por otros deponentes que participaron en una vista pública.

La abogada se refiere a lo compartido en una vista pública reseñada aquí:

Informal, arbitrario y con temor por represalias la supervisión de centros de inspección – NotiCel – La verdad como es – Noticias de Puerto Rico – NOTICEL

“Desde la fecha de dicha solicitud (de citación) y el día de hoy han transcurrido ciertos eventos importantes a ser informados y advertidos a los efectos de su citación”, indicó López Murillo al mencionar las dos entrevistas en Justicia de su cliente, donde su testimonio fue bajo juramento.

“Fue advertido de que no podía entrar a hablar sobre sus entrevistas parte de dicha investigación ante el Departamento de Justicia”, indicó la abogada al precisar que el testimonio de Deliz Vélez se relaciona a los tópicos que Hernández investiga.