La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) afirma que el impuesto a placas solares desincentiva adopción de tecnologías esenciales para la transición a energía renovable.

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) advirtió que la propuesta incluida en la Reforma Contributiva para eliminar la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los sistemas solares podría tener repercusiones significativas para cientos de miles de familias.

 Además, la medida podría obstaculizar el desarrollo energético de la isla y representar un retroceso respecto a las políticas públicas orientadas a promover la transición energética y la estabilidad del sistema eléctrico.

“El poder de poner impuestos es, si algo, el poder desacelerar una actividad”, expresó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de SESA.

El ejecutivo, recordó que, tradicionalmente, los impuestos se aplican a lo que se quiere desincentivar, y subrayó que en Puerto Rico existe una política pública, ratificada por la Ley 17-2019, que establece la meta de alcanzar un 100% de energía renovable para 2050. 

“Los sistemas solares con batería no son lujos, son tecnologías críticas de primera necesidad mediante las cuales la gente está salvando sus vidas y su economía de una red que está en mal estado, que es cara e inestable”, apuntó Rúa Jovet.

Para el portavoz de SESA, la exención al IVU ha sido una de las políticas públicas más beneficiosas tanto a nivel económico como socioeconómico. La proliferación de sistemas solares ha evitado apagones, generado empleo directo e indirecto y reducido la dependencia de combustibles fósiles. Ahora, con el desarrollo de baterías, estos beneficios se extienden también a las horas nocturnas. 

Sin embargo, eliminar la exención supondría un freno a este éxito, que ya ha creado más de 10,000 empleos directos.

En vista pública ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, SESA explicó que el Artículo 12 de la reforma propone derogar la Sección 4030.17 del Código de Rentas Internas, imponiendo por primera vez un IVU del 11.5% a la venta y alquiler de sistemas solares desde el 1 de julio de 2026. Esto, aseguran, provocaría un aumento inmediato en el costo de los equipos y en los pagos mensuales de miles de hogares.

Actualmente, cerca de 200,000 hogares en la isla disponen de sistemas solares con baterías bajo la modalidad de arrendamiento, perteneciente a familias de ingresos bajos, moderados y medios.

“Para estas familias, solar no es un lujo, sino una vía esencial para asegurar su estabilidad energética frente a los apagones y las altas facturas eléctricas”.

SESA reconoce la necesidad de una reforma fiscal más progresiva y justa, pero considera que no debe financiarse a costa de penalizar a las familias que han invertido en energía limpia para proteger sus hogares, sus economías y su seguridad energética.

“Por el contrario, representa una carga adicional para las familias que buscan la energía solar para sobrevivir a una red inestable y cara. Nuestra postura aquí es que no se trastee esa exención. Empiezan a hacerle enmiendas y cambios y algo que está funcionando se daña”, explicó el ejecutivo en un aparte con NotiCel.

De aprobarse la medida según redactada, un sistema promedio con placas y batería podría aumentar de aproximadamente $30,000 a más de $33,400, lo que eliminaría gran parte del alivio económico que persigue la reforma. En el caso de los arrendamientos solares, utilizados por más de 140,000 familias, el impacto sería inmediato: un pago típico de $200 mensuales aumentaría cerca de $23 al mes, equivalentes a $276 al año y más de $5,000 durante la vigencia de un contrato de 20 años.

Además, SESA advierte del impacto negativo en la economía general: las instalaciones solares residenciales han aportado más de $6,000 millones en inversión privada, mantienen al menos 10,000 empleos directos y suman unos 1,400 megavatios de capacidad instalada. Todo ello contribuye a evitar apagones que afectan a la totalidad de la población.

Rúa Jovet subrayó que poner IVU a la energía solar no solo dificulta el acceso para las familias, por añadir más de $3,000 al costo de un sistema solar medio, lo que neutraliza cualquier alivio fiscal que el Estado pretende ampliar. Asimismo, impacta negativamente al sector comercial que aún no alcanza tasas de crecimiento comparables al 99% de instalaciones residenciales por enfrentar barreras adicionales como la titularidad compartida de edificios, servidumbres y trámites administrativos más complejos.

Entre ellas destacó factores como la existencia de múltiples derechos sobre los techos, titularidad compartida, servidumbres y relaciones contractuales a corto plazo. Además, a diferencia de los sistemas residenciales que gozan de procesos de interconexión simplificados por disposición legal, los sistemas comerciales deben cumplir requisitos más rigurosos ante agencias gubernamentales, así como procedimientos técnicos adicionales según la magnitud del proyecto, particularmente con el principal operador de red eléctrica en la isla.

Un impuesto “huérfano”

Durante la audiencia, la senadora María de Lourdes Santiago cuestionó la insistencia en mantener el impuesto, señalando que representa una mínima parte del coste de la reforma contributiva y poniendo en duda la autoría de la medida.

“No deja de sorprender la insistencia en una partida que no debería ser lo que decida si vive o muere la reforma contributiva. Y es muy conveniente que usted esté hoy cuando se acaba de declarar la orfandad de este impuesto, porque ahora resulta que ni es de la gobernadora (Jeniffer González Colón) ni es de la Junta. Contrario a lo que se nos había representado, por lo menos a los portavoces que estuvimos reunidos con la gobernadora en Jájome. La gobernadora nos aseguraba que se trataba de una propuesta muy específica de la Junta de Control Fiscal. Ahora la Junta le ha dicho a la delegación del Partido Popular que eso es falso. Difícil escoger a quién creerle”, expuso.

Esta premisa fue respaldada por Rúa Jovet quien afirmó “no le creo a la Junta”, a pesar de que este hecho fue desmentido ayer por el senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández.

“No tengo por qué pensar que no son parte de este proyecto”, inisitió.

A preguntas de NotiCel, sobre sus declaraciones, el ejecutivo aclaró: “la Junta expresa una cosa, pero actúa de modo diferente. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respalda la medición neta como fundamento de la energía renovable, algo que se refleja en un pleito federal, aunque el problema principal son los contratos PPA suscritos durante la administración del gobernador Luis Fortuño. Estos acuerdos, que sumaban hasta 400 megavatios en proyectos solares, fueron renegociados y aprobados tanto por la autoridad correspondiente como por el Negociado de Energía, pero luego la Junta anuló casi todos sin realizar estudios previos, dejando solo uno vigente por razones arbitrarias. Por eso, cuando la Junta hace declaraciones, se toman como definitivas”, detalló.

Rúa Jovet recordó que el sector solar ya afronta retos externos, como la eliminación del crédito fiscal federal para arrendamientos solares a partir de 2027, y destacó que la Legislatura ha protegido hasta ahora la medición neta y la exención del IVU, reconociendo que la energía solar es un servicio esencial. Por ello, instó a mantener intacta la exención y a buscar alternativas colaborativas que permitan una reforma verdaderamente equitativa, coherente con la política energética nacional y que beneficie especialmente a la clase trabajadora.

La tercera audiencia en el Senado contó con la participación de los senadores María de Lourdes Santiago, Héctor Gaby González, Wilmer Reyes, Luis Daniel Colón La Santa y José Luis Dalmau. El debate continúa, mientras la sociedad civil y el sector energético aguardan una resolución que no frene el avance hacia un modelo energético limpio y accesible para todos.

La senadora Padilla Alvelo, considera que a pesar de que la conversación fue productiva, aspectos como lo concerniente al IVU, es un punto que aún genera dudas, especialmente sobre los alquileres. 

En cuanto al futuro del proyecto de reforma, señaló que “ningún proyecto es definitivo. Vamos a presentar las enmiendas sugeridas. Sin embargo, la decisión final recae en la legislatura, y será la gobernadora quien determine si acepta o veta las enmiendas”, señaló la legisladora.

La discusión del PS 912 en el Senado continuará el miércoles 28 de enero en el salón de audiencia Miguel A. García Méndez, con la participación de la Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y Asociación de Restaurantes (ASORE) .

 “Nosotros queremos que todas estas personas nos unamos pensando siempre en mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Hay mucho compromiso, pero sólo los legisladores no pueden realizarlo, tampoco sólo los alcaldes. Las buenas ideas, como las necesidades, no tienen colores políticos, por eso la variedad de gente que traemos aquí de diferentes áreas, de diferentes niveles, porque lo que quiero es escuchar cosas buenas para esta gente”, concluyó Padilla.