La acusación señala que, desde enero de 2022 hasta abril de 2024, los imputados desviaron y robaron paquetes postales para distribuir marihuana.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow. (Edgardo Medina/NotiCel)
Un gran jurado federal acusó a tres personas por una conspiración para distribuir más de 100 kilogramos de marihuana a través del Servicio Postal de Estados Unidos y por sobornar a un cartero para desviar paquetes, informó el miércoles la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico.
“El narcotráfico destruye familias y comunidades. Estos acusados utilizaron el Servicio Postal de los Estados Unidos para facilitar actividades que fomentan la violencia y la adicción”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow, en declaraciones escritas.
La acusación señala que, desde enero de 2022 hasta abril de 2024, los imputados desviaron y robaron paquetes postales para distribuir marihuana. Según el pliego, el cartero Héctor Melvin Candelaria Carrero utilizó su puesto en Isabela para desviar piezas de correo y entregarlas a Carlos Nadín Nieves Pastrana y a José Manuel Muñoz Torres a cambio de pagos ilegales.
“El comportamiento alegado es vergonzoso, y nuestra oficina continuará investigando sin descanso a empleados del Servicio Postal y a sus co-conspiradores que violen la confianza pública”, añadió el agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal.
La fiscalía indicó que Candelaria Carrero fotografiaba paquetes con su teléfono personal, escaneaba esas imágenes con el dispositivo oficial del Servicio Postal para simular entregas y luego desviaba los envíos a otros lugares. Además, utilizaba mensajes y llamadas para coordinar los pagos y el traspaso de paquetes que, según la acusación, contenían sustancias controladas.
“Quienes conspiran para distribuir sustancias controladas, intentan comprometer a funcionarios públicos y violan la integridad del correo serán responsabilizados”, sostuvo el agente especial interino a cargo de la oficina del FBI en San Juan.
La fiscalía informó que los acusados enfrentan una pena mínima de cinco años de prisión y un máximo de cadena perpetua de resultar convictos por los cargos de drogas. Recalcó además que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de ley.
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