Los gremios señalan «demasiadas lagunas y deficiencias» en torno al proyecto.

El Senado analizó el martes el Proyecto del Senado 712 (P. del S. 712), que propone enmendar las Reglas de Procedimiento Civil para incorporar el derecho a juicio por jurado en casos civiles de responsabilidad extracontractual, cuando la reclamación exceda los $100 mil.

La medida, de la autoría de la senadora de mayoría Nitza Morán Trinidad, provocó reservas por parte del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y la Oficina del Procurador del Ciudadano.

“Son demasiadas lagunas y deficiencias que deja el P. del S. 712 al descubierto en cuanto al desarrollo y desenlace del proceso que sujeta la decisión de un jurado. Sin considerar como el dictamen encaja en el sistema procesal ya establecido a nivel de Primera Instancia como a nivel Apelativo”, denunció Migdalia Fraticcelli Torres, presidenta de la Comisión de Derecho Civil del CAPR.

A juicio de la también profesora de derecho y jueza de apelaciones retirada, el proyecto no muestra que la implantación de la figura de jurado para casos civiles aporte a la transparencia, legitimidad y confianza pública en el sistema judicial.

“No hay nada nuevo ni excepcional que un jurado pueda aportar en un caso civil. Por el contrario, complicará, retrasará y aumentará injustamente el costo de la litigación de los casos. Implicará además revisar todas las reglas de procedimiento civil”, reiteró.

A su vez, señaló que la medida no parece estar respaldada en investigaciones y estudios realizados sobre la necesidad ni el reclamo real de la ciudadanía, la profesión jurídica ni la eficiencia costoefectiva del jurado en casos civiles. 

Nereida Cortés, comisionada de derecho civil de CAPR, resaltó que “el proyecto resultaría altamente perjudicial para el acceso a la justicia y que produce encarecimiento que debilidad el acceso ciudadano a los tribunales. Para que la medida pueda implantarse con eficacia requeriría una partida presupuestaria”. 

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), en su turno de deposición en la vista pública ante la Comisión de lo Jurídico del Senado, mostró reservas al proyecto y respaldó el señalamiento del CAPR.

“Como está redactada la medida tendrá un impacto operativo y presupuestario que conllevaría su implementación -incluyendo la necesidad de infraestructura física, reclutamiento de personal adicional, reestructuración de la normativa vigente y la capacitación de la comunidad jurídica y la ciudadanía, la medida legislativa no contempla la asignación de fondos al presupuesto del Poder Judicial para subvencionar dichos costos”, señaló Giselle Rosa González, directora de la Oficina de Legislación y Reglamento de la OAT.

Ante esto, la senadora Morán, autora de la medida, salió al paso y expuso que las ponencias muestran más preocupación por el costo que por lo que representa la labor de los tribunales. 

“No estamos inventando la rueda, todos conocen la Séptima Enmienda de la Constitución, que esto se cobija en tribunales federales, o sea que no estamos inventando la rueda. Siempre va a haber una resistencia a los cambios. Yo creo que es el momento de mover a Puerto Rico hacia esos nuevos cambios de oportunidades que se dan en otras jurisdicciones en los Estados Unidos ya que prácticamente hay cinco estados que llevan esto a cabo sin ninguna controversia”, destacó Morán.

Por su parte, el senador Ángel Toledo, presidente de la Comisión, cuestionó a OAT sobre cómo podría ponerse en práctica.

“Hay que habilitar físicamente una sala, necesita entre 14 y 16 espacios para el jurado. Ya no será una secretaria de servicios a sala, serían dos, tres alguaciles… es una dinámica que requiere mucha presencia y habilitar el salón en términos electrónicos. Realmente es un impacto económico importante”, describió Cortés.

De otro lado, Tanya García en representación del Departamento de Justicia (DJ), compartió que actualmente se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición para que se determine si el derecho a juicio por jurado en casos civiles constituye un derecho fundamental que deba ser incorporado a los estados.

En ese sentido, García sugirió estar atentos a la decisión del Tribunal Supremo antes de adoptar cualquier medida adicional.

“Nuestra Constitución garantiza el derecho a juicio por jurado en los procesos criminales por delito grave, no en los juicios civiles. De igual forma, al presente no se ha incorporado a los estados el derecho consagrado en la séptima enmienda (de la Constitución de Estados Unidos) que sí garantiza que se preserve el derecho a los juicios, ya que no se considera un derecho fundamental. Tal como señaló el foro apelativo intermedio para viabilizar la implantación de estos juicios en Puerto Rico, es necesario armonizar el ordenamiento procesal civil y las reglas de evidencia para atemperarlas a un nuevo esquema de adjudicación. Dada la relevancia de este pronunciamiento, consideramos imperativo esperar la decisión del Supremo de manera que nuestras acciones se ajusten a la interpretación que se establezca a nivel federal y se garanticen la coherencia de principios constitucionales aplicables”, sostuvo García.