Lo que supone el primer revés en los planes del nuevo mandatario para reformar el sistema migratorio.

WASHINGTON — Un juez federal bloqueó este jueves temporalmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, lo que supone el primer revés en los planes del nuevo mandatario para reformar el sistema migratorio.

El magistrado del distrito federal John C. Coughenour, en Seattle, consideró que la orden es claramente «inconstitucional», según declaraciones recogidas por la cadena ABC News.

«He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso donde el caso presentado sea tan claro como este. Se trata de una orden manifiestamente inconstitucional», dijo Coughenour, quien fue nominado para el cargo en 1981 por el exmandatario Ronald Reagan (1981-1989).

La Enmienda 14 de la Constitución establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

El decreto de Trump – firmado por el republicano horas después de asumir su puesto el lunes – dictamina que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal «temporal»-como una visa de trabajo – no podrán obtener la ciudadanía.

En la práctica, eso impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a dichos niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

En total 22 estados con gobiernos demócratas interpusieron este martes una demanda en contra del intento de Trump de acabar con ese derecho. En un primero momento 18 estados interpusieron su denuncia el martes y ese mismo día otros cuatro estados pidieron a la corte federal que su orden no fuera aplicada.

La decisión de Coughenour está relacionada con esos últimos cuatro estados y estará en vigor durante 14 días, tiempo durante el cual podría haber recursos en su contra, según detalló el diario The Seattle Times.