Durante una vista en el DRNA se confirmó que las autoridades federales mantienen una investigación separada sobre la construcción ilegal en la caseta que puede desembocar en procesamiento criminal.

El alcalde de Lajas, y aliado político de la comisionada residente, Jenniffer González Colón, pidió a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, que interviniera con las casetas en La Parguera, como la de los suegros de la comisionada que ahora es objeto de un proceso administrativo en esa agencia.

El contenido de la carta se conoció ayer como parte de las discusiones que tuvieron los representantes de interés público del DRNA y el abogado de los suegros de la comisionada en una vista que resultó en que al abogado se le concediera hasta el 19 de enero para someter interrogatorios a los testigos que sustentan la querella. El abogado Miguel Torres Torres tiene el mismo término para contestar un interrogatorio que le sometió la agencia.

El abogado trajo a colación la carta para insinuar que la secretaria Rodríguez Vega había intervenido en un proceso del que se supone mantenga manos afuera ya que, como parte de las facultades de su cargo, será la que hará la adjudicación final sobre si procede la multa de $25,000 que se propone contra el matrimonio de José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera por construcción ilegal, depósito de relleno y extracción de mangle en una caseta que tienen en la Reserva Natural Parguera.

Copia de un correo electrónico que obtuvo NotiCel muestra que Erik J. Torres Lay, asistente del alcalde Jayson Martínez Maldonado, canalizó la comunicación sobre “varias situaciones en el Municipio de Lajas que usted y el Alcalde ya han dialogado anteriormente”. Rodríguez Vega la remitió a su asistente con la instrucción de que la pasara al Cuerpo de Vigilantes.

“Es necesario que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales intervenga con los dueños de las casetas y las casas construidas en la zona marítimo terrestre. En adición, el alza en la construcción de muelles ilegales es otra situación que nos afecta grandemente como municipio. Estas situaciones redundan en problemas vecinales, ambientales, donde el Municipio de Lajas no tiene el control y tampoco jurisdicción para intervenir. Es por esta razón que solicito encarecidamente se atienda esta problemática que va en aumento”, indica el escrito a nombre del alcalde.

La fecha de la comunicación, 9 de mayo de 2023, es el mismo día en que, según la querella, los vigilantes recibieron quejas ciudadanas sobre lo que ocurría en la caseta. Los vigilantes visitaron el área ese día y levantaron informes, aunque en ningún momento encontraron ocupantes o dueños de la propiedad. La identidad de estos se conoció después de que acudieran a la fiscalía de Mayagüez para emitir una citación a LUMA con la que recibieron confirmación de que el contador que conecta el servicio a la caseta está a nombre del matrimonio Vargas Llavona.

Las querellas ciudadanas vinieron de parte de los activistas Eliezer Molina Pérez y José Luis Negrón, quienes, junto con el alcalde, dos vigilantes y cuatro técnicos, son los testigos que anunciaron para la vista los abogados el interés público Rafael Edgardo González Ramos y Mildred Sotomayor Bourbón. Con la extensión hasta el 19 de enero que concedió la oficial examinadora María Virginia Ortega Ramírez, no se espera que la vista se realice antes de febrero. La oficial tiene pendiente también una solicitud de los abogados del interés público para que se haga una vista ocular, tanto por tierra como por mar, de la caseta objeto de la querella.

Sotomayor Bourbón aseguró que de esa exhortación del alcalde han surgido “más de siete querellas”, incluyendo la del matrimonio Vargas Llavona. Añadió que el DRNA conoce que una división de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA en inglés) mantiene una investigación separada que puede conllevar cargos criminales, pero distinguió que ese curso criminal sería independiente al curso administrativo que sigue la querella.

Torres Torres admitió que todavía no tiene listo el informe pericial que prometió a la oficial examinadora desde septiembre pasado y por primera vez dijo que estaría a cargo del consultor William Sarriera. El abogado rehusó divulgar sobre qué áreas estaría emitiendo una opinión el consultor, pero la licenciada Sotomayor Bourbón adelantó que conoce al consultor y “sé que haría un buen informe”. “Cuando (el abogado) lo anunció me extrañó porque es una persona responsable”, apuntó al afirmar que el perito podría entrar en las alegaciones sobre corte ilegal de vegetación, pero no en si la caseta ocupa ilegalmente bienes de dominio público por estar ubicada en la zona marítimo terrestre debido a que “eso es estrictamente de derecho”.

Incluso, el requerimiento de información que Torres Torres todavía no ha contestado se refiere principalmente a que sus clientes presenten cualquier prueba que tengan sobre si les cobija algún derecho a ocupar el área con su caseta, que sea de mayor peso que el que tiene el pueblo de Puerto Rico cuando el área se convirtió en bien público por concesión de la corona española en 1887.

“Yo no vi ninguna ampliación (ilegal de la caseta). Hemos vistos fotos históricas. No sabemos cuál es la teoría que sustenta (la querella)”, reaccionó Torres Torres.

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Vea:

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