La directora de Finanzas del municipio compareció como víctima en la vista de sentencia federal de exasesor financiero que se declaró culpable por fraude en inversión millonaria.

El exconsultor financiero del municipio de Mayagüez, Roberto Mejill Tellado, fue sentenciado a cuatro años de probatoria durante una vista el miércoles en la que compareció como representante del municipio la directora de Finanzas del ayuntamiento, Yahaira M. Valentín Andrade quien, junto al alcalde suspendido José Guillermo Rodríguez, están acusados a nivel estatal por malversación de fondos con relación a la misma transacción por la que fue sentenciado Mejill Tellado.

La comparecencia de Valentín Andrade por videoconferencia en la sala de la jueza federal Aida Delgado Colón ocurrió porque la fiscalía federal considera al municipio como la víctima del caso federal por la transacción y la funcionaria representó al gobierno municipal. Dos abogados del ayuntamiento comparecieron también pero, contrario a lo que se podía esperar, ninguno se dirigió al tribunal en calidad de víctima.

Valentín Andrade y Rodríguez Rodríguez enfrentan procesamiento por parte de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente por malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber con relación a su supervisión de la transacción de $9 millones que es el objeto del caso federal. El actual alcalde de Mayagüez, Jorge Luis Ramos Ruiz, mantuvo a Valentín Andrade en funciones a pesar de las acusaciones, por lo que la empleada maneja personalmente asuntos, como la vista de sentencia, relacionadas directamente con los hechos por los que también está acusada criminalmente.

Mejill Tellado, quien durante años prestó servicios de asesoría financiera a varios municipios, es el primero de los nueve acusados federales que es sentenciado y es el único del grupo que figuró como testigo del gobierno en el juicio de noviembre pasado contra el exasesor legal Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry y el exdirector ejecutivo de la Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro José Riera Fernández. Ambos fueron declarados culpables y están pautados para sentencia en abril próximo.

Irizarry Irizarry y Riera Fernández fueron los únicos de los nueve acusados que fueron a juicio. Los demás se declararon culpables. El cabecilla del esquema de fraude, el asesor financiero Eugenio García Jiménez, Jr., está pautado para ser sentenciado en junio.

Tanto la fiscal Myriam Fernández como la abogada defensora, María Domínguez, habían solicitado al tribunal una sentencia de cuatro años en probatoria para el hombre de 63 años. Domínguez consignó que su cliente está cooperando con el gobierno desde “hace varios años”, cuando primero lo contactaron sobre la transacción.

La jueza Delgado Colón reconoció que una sentencia de probatoria en un caso de crimen de cuello blanco provoca indignación pública, pero defendió que los delitos por los que se declaró culpable admiten la probatoria como castigo y que los jueces tienen que aplicar guías de sentencia que permiten considerar la cooperación que prestó para la investigación y la credibilidad que le adjudicó el jurado a su testimonio en juicio.

Mejill Tellado hizo una alocución entre sollozos. “Primero que nada, estoy muy arrepentido. Le pido perdón al magistrado, al gobierno, a mi familia, a mis pocos amigos… me siento abochornado… solamente le pido a usted y le ruego a usted que me dé la oportunidad de comenzar mi vida otra vez, de poder aportar a la sociedad y cuidar de mi familia”, dijo.

La sentencia incluye que Mejill Tellado se comprometió a restituir al municipio $680,000. Pero durante la vista surgió la posibilidad de que no lo restituya todo porque entre las partes surgió la duda de a quién se le debe restituir el dinero si ya el municipio, por otras vías, logró recuperarlo. En noviembre pasado, Ramos Ruiz dijo a NotiCel que el ayuntamiento había recuperado los $9 millones malversados mediante $1.8 millones que García Jiménez había devuelto al principio del esquema enmascarándolo como supuesto rendimiento de la inversión, y otros dineros de casas de corretaje, de multas y del propio municipio.

De hecho, a la vez que se realizaba la vista de sentencia, en la Cámara de Representantes se llevaba a cabo una vista pública para discutir la reactivación del proyecto de un nuevo Centro de Trauma del Oeste, que fue el propósito original para el que la Legislatura asignó los $9 millones hace 20 años. Rodríguez Rodríguez decidió desviar los $9 millones hacia la inversión en el mercado de valores que le ofreció García Jiménez. Aunque el dinero está supuestamente restituido, se mantiene activa una demanda civil del municipio contra todos los acusados federales.

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