El médico que la fiscalía federal acusó ayer por dispensar medicamentos ilegalmente fue uno de los protagonistas, a fines de los 90, del caso del Instituto del Sida.

Roberto Unda Gómez, galeno que la fiscalía federal acusó ayer por dispensar medicamentos ilegalmente, fue uno de los testigos, coautor de los hechos, que la fiscalía federal presentó a fines de la década del 90 para obtener convicciones en el caso del Instituto del Sida, uno de los procesos judiciales por corrupción gubernamental que ha adquirido carácter de histórico.

Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Unda Gómez está autorizado a practicar la medicina en Puerto Rico, México y Honduras, pero no en los Estados Unidos continentales. En siete ocasiones recetó y distribuyó sustancias como Adderall, Oxicodona y Xanax «sin fin médico legítimo» a pacientes en la isla y en los estados. Hizo tres envíos de medicamentos a través de FedEx y UPS, por lo que su acusación tiene siete cargos por el expendio ilegal de las sustancias controladas y tres por el envío a través de facilidades de correo. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020 y no hay indicio de por qué no se le acusó antes.

Al anunciar el arresto, el jefe de fiscales, W. Stephen Muldrow, lo vinculó con la campaña del gobierno contra el uso ilegal de opiodes.

«(Unda Gómez) quebrantó su deber profesional y la ley al vender recetas para opioides adictivos a individuos que nunca examinó y que no tenían necesidad médica para esas drogas», añadió sobre el caso que investigó la Administración Federal Antidrogas (DEA en inglés).

De probarse los cargos, de los cuales el médico se declaró no culpable ante el magistrado Marshal D. Morgan, no sería la primera vez que Unda Gómez comete actos fraudulentos.

Durante el caso del Instituto del Sida, que tuvo varias secuelas, Unda Gómez testificó cómo falsificó facturas, documentos y todo un estudio médico bajo órdenes del convicto principal, el ya fenecido Yamil H. Kourí Pérez, para adelantar el esquema de robo de fondos federales destinados al tratamiento de pacientes de sida. Luego de resultar culpable, Kourí Pérez fue uno de los testigos principales de la fiscalía federal en una secuela del caso que fue una investigación de cómo algunos testigos de defensa habían cometido perjurio y obstrucción a la justicia durante el juicio inicial. Unda Gómez volvió a ser implicado en ese proceso también. Como testigo, el médico llegó a tener abogado defensor asignado por el tribunal debido a la posibilidad de que hubiera incurrido en perjurio durante su testimonio, aunque nunca fue acusado por estos eventos.

Kourí Pérez fue asesor de Salud del exgobernador novoprogresista Pedro Rosselló González y la organización que encabezaba, el instituto, recibió dinero federal a través del Municipio de San Juan en administraciones de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático. El fenecido representante independentista, David Noriega Rodríguez, realizó una investigación legislativa sobre los hechos y decidió referirla a fiscalía federal.

En su día, el proceso fue explosivo por tratarse de un crimen que privó de dinero a pacientes para quienes en ese momento el sida representaba una sentencia de muerte, por la cantidad de funcionarios públicos que involucró, la complejidad del esquema que perpetró Kourí Pérez y por el carisma que también poseía este.