El operador privado de la red eléctrica recurrió al Tribunal de Quiebras para detener una sentencia que le ordenaba contestar requerimientos de información de la Cámara de Representantes.

En lo que constituye una controversia que no se había visto antes en el caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, un contratista recurrió a la jueza Laura Taylor Swain para evadir cumplimiento con una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le ordena contestar requerimientos de información emitidos bajo el poder constitucional de la Asamblea Legislativa para realizar investigaciones de cualquier asunto que encuentren meritorio.

La controversia quedó trabada cuando el viernes en la tarde LUMA Energy LLC removió al Tribunal de Quiebras el caso local bajo el que el representante Luis Raúl Torres Cruz había conseguido el viernes en la mañana que un juez emitiera una orden so pena de desacato para que el contratista de la red eléctrica de la isla conteste una serie de requerimientos de información pendientes desde marzo pasado.

El Tribunal de Quiebras había tenido oportunidad de considerar el poder de la Asamblea Legislativa bajo la Ley PROMESA de defender su rol en la aprobación del presupuesto y su poder constitucional para legislar, pero hasta ahora no había tenido oportunidad de considerar el poder legislativo constitucional para realizar investigaciones.

Esto porque el caso que presentó Torres Cruz no es un caso de acceso a la información sino un caso sobre el poder de los cuerpos legislativos para obligar a personas y entidades bajo su jurisdicción investiga a comparecer y contestar preguntas. Por eso el juez Anthony Cuevas Ramos resolvió la solicitud del representante en menos de 24 horas y sin escuchar la posición de LUMA, porque la ley no le da discreción a un juez para negarse a emitir una orden de requerimiento emitida bajo una investigación legislativa debidamente autorizada, como lo está la de la Cámara sobre LUMA, y porque ni se le requiere ni puede tomar en consideración en esta etapa lo que tenga que decir la persona contra quien se emite la orden. Si el tribunal hurgara sobre eso, podría ser una violación del principio de separación de poderes no solo bajo la Constitución de Puerto Rico sino bajo la Constitución de los Estados Unidos, según la jurisprudencia tanto de los tribunales supremos tanto de Puerto Rico como el federal.

La jueza Swain ya tuvo ante sí un caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) presentó contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero declinó decidirlo y lo refirió al juez de distrito Jay García Gregory por entender que no tenía que ver con el caso de quiebras realmente. García Gregory falló a favor del CPI y el caso está ahora ante el Primer Circuito de Apelaciones. El acceso a la información y el poder investigativo legislativo son ambos de origen constitucional, pero son cosas distintas.

Una alternativa legal con la petición que hizo LUMA es que la jueza haga lo mismo, que la refiere al Tribunal de Distrito porque entiende que no tiene que ver con el caso de quiebras o que rechace el traslado del caso y lo deje en el Tribunal de Primera Instancia. Pero, mientras esté pendiente de decidir, la sentencia de Cuevas Ramos se queda suspendida sin que tenga que ser cumplida ni pueda ser ejecutada.

Para sustentar su solicitud, la abogada de LUMA, Mariana Muñiz Lara del bufete DLA Piper LLC, argumentó que la demanda de Torres Cruz “es un esfuerzo transparente (de su parte) para prevenir la transformación del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”. Añadió que el representante ha “hostigado” a LUMA para “distraerla” de su encomienda bajo el contrato firmado el año pasado con el que cobraron hasta mayo para prepararse para tomar control de la red eléctrica y luego tomaron control de la misma a partir del 1 de junio.

La empresa dijo a la jueza que la Comisión de Desarrollo Económico que preside Torres Cruz ha hecho 86 requerimientos que la empresa ha contestado con 1,100 páginas de documentos, que los requerimientos han sido abusivos porque en ocasiones solo proveen 48 horas o no más de cinco días para cumplirlos, que se ha requerido irrazonablemente que su presidente, Wayne Stensby, comparezca ante la comisión (lo que ha hecho dos veces), y que han pedido “información privada o irrelevante”. Los requerimientos “están diseñados para intentar dar al traste” con los trabajos de LUMA bajo el contrato, subrayó.

“Esta demanda amenaza a la AEE y la transformación del sistema de transmisión y distribución. Las distracciones asociadas con responder a requerimientos repetidos, irrazonables y onerosos de la Comisión podrían materialmente afectar la capacidad de LUMA para desempeñarse bajo el contrato y causar problemas adicionales para la AEE y sus acreedores. La operación de la AEE por parte de LUMA sin trabas es crítica para la transformación del sistema de transmisión y distribución”, planteó.

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