La senadora popular Rossana López anunció el martes que referirá a Justicia a siete empleados del Departamento de la Familia que respondían a la extitular de la agencia, Yanitzia Irizarry, y que bajo un esfuerzo orquestado cerraron miles de querellas de maltrato a niños y a personas de edad avanzada.

‘Estamos refiriendo a estas personas al Departamento de Justicia porque todas estas personas se dirigían directamente al secretariado. Todas esas personas le respondían a la señora Yanitzia Irrizary. La exsecretaria por lo menos conocía que las estadísticas existían’, indicó López en rueda de prensa, quien no quiso señalar directamente a la pasada titular de la agencia.

De acuerdo a la presidenta de la Comisión senatorial de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social, la investigación realizada por el Senado contiene prueba suficiente para dar paso a una investigación formal del Departamento de Justicia que fije responsabilidades. Según el informe, los alegados implicados en el cierre de querellas son: Olga Ribas, administradora auxiliar de Protección, Preservación y Fortalecimiento Familiar de ADFAN; Glyssette Rodríguez, secretaria auxiliar de Planificación de Informática y Rafael Cruz, director de Información.

También la pesquisa senatorial acusa a la exoficial de prensa de Familia, Rossie Sánchez; Marí Cansio, directora asociada de la Región Bayamón; Denisse Hernández, de la Región Mayagüez y José Crespo, trabajador social de la Región Mayagüez.

Del informe se desprende que los aparentes implicados forzaron el cierre de referidos por maltrato a niños, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos. La cifra final aumentó a 47 mil casos, los cuales se dividen en 42 mil referidos de niños y 5 mil a personas de la tercera edad o con impedimentos.

La legisladora del Partido Popular Democrático sostuvo que ahora queda en manos de las agencias estatales y federales identificar los procesos para señalar a los responsables que las querellas se dejaran de atender y así hacerle justicia a esas personas.

‘Yo tengo hasta un límite en la Asamblea Legislativa. Quien tiene que llevar acusaciones y llevar a cabo un proceso penal es el Departamento de Justicia’, dijo.