Las casi tres semanas transcurridas desde el nombramiento del nuevo superintendente de la Policía, y un índice de criminalidad que no ha variado sino tal vez aumentado en ese lapso, me remiten a la idea de la entrega anterior y en la que, sin ánimo de aparecer como profeta o a adivino de plaza pública, anticipaba que nada cambiaría con la renuncia de uno y la llegada de otro.

Por qué esa percepción? Porque además de la convicción personal sobre la legalización de las drogas como solución final y firme, ya que la mayor cantidad de asesinatos está vinculada al narcotráfico, poco puede hacer un funcionario y hasta incluso la institución policial completa si no se revierten los valores de una sociedad en crisis al menos en sus sectores más desfavorecidos.

Naturalmente que la institución, la Policía como ente oficial de seguridad a cargo de proveerla en toda sociedad organizada en ley y orden, es la principal responsable. Y en ese sentido son válidos los reclamos de muchas voces pensantes y cuestionadoras del país.

A más de un año del asesinato del niño Lorenzo – las explicaciones del sufrido secretario de Justicia producen vergüenza ajena -, a varios meses de la muerte de la mujer embarazada y sus dos hijos en San Juan Park y los primeros balbuceos sobre el reciente crimen en el Hotel La Concha – con un testigo directo que ha sobrevivido- son apenas unos pocos ejemplos de la ineficiencia y mediocridad en los cuadros investigativos de la Policía local.

Pero esto no exime a cada uno de nosotros, a todos como individuos en el conjunto, de revisar conductas y actitudes.

Por ejemplo, en que punto de los últimos años, digamos entre las dos generaciones más recientes, quedó el control de hijos, nietos, sobrinos y hasta vecinos con la pregunta clave: dónde vas, dónde estabas, qué haces? Suena graciosa la preguntita en los tiempos de internet y red social, de derechos humanos y globalización, y sabiendo que la rueda de la historia nunca vuelve hacia atrás, pero ahí empieza el problema.

En un barrio, en un caserío, en una urbanización, los primeros que deben saber en que andan los jóvenes son sus padres. Aceptemos que la época ha traido una disfunción en la llamada familia tradicional, en la que un padre está preso o muerto y una madre sola no puede lidiar con todo o también es drogadicta. Pues interviene un abuelo o un tío que controlan y protegen al adolescente, y por extensión, el vecindario, sencillamente porque debe imponerse la sana convivencia y la decencia sobre la violencia y la delincuencia en el ámbito común en el que se vive.

Los de mi generación saben lo que fue ser criado y controlado por padres y por vecinos, que velaban por nuestra seguridad camino a la casa.

De esto es que se trata: si con los tres jóvenes del Covadonga asesinados hace unos días en la luz frente a la urbanización Borinquen Gardens hubieran intervenido a tiempo famliares y vecinos que quieren una comunidad tranquila y decente, estarían vivos.

Sí, la Policía tiene que hacer su trabajo y es válido exigirlo. Pero en cada hombre y mujer del barrio, del caserío, de la urbanización, está también depositada la responsabilidad de mejorar la calidad de vida rescatando del crimen a jóvenes que ya ni llegan a los 18 años viendo la luz del día siguiente.

Se percibe también en varios grupos sociales, sobre todo en la clase media – esa clase media que no llega a rica pero tampoco califica para el mantengo – y alta, una actitud de indiferencia, algo así como ‘a mí no me buscan para matarme, que se arreglen entre ellos’. Es posible que algo de razón, aunque cínica, les asista en el enfoque.

Pero las sociedades se elevan o se hunden con el trabajo de todos sus integrantes sin distinción de clase.

Después, es tarde para arrepentimientos de ‘ay bendito’ en las funerarias.