Puerto Rico necesita que los médicos que deciden regresar puedan incorporarse a la atención de pacientes mediante trámites claros y oportunos.

Puerto Rico necesita que los médicos que deciden regresar puedan incorporarse a la atención de pacientes mediante trámites claros y oportunos. Comparto esa preocupación con nuestra colega, la doctora Gabriela Báez Bravo, quien la expuso en su columna «Fuga de médicos: ¿Por qué es difícil volver?», publicada el 22 de octubre y en otras entrevistas en los medios. Como presidente de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, y muy respetuosamente me corresponde explicar, con fechas, las gestiones que atendió nuestra institución.

La doctora describe dificultades para validar su preparación y, principalmente, obstáculos en la credencialización y la contratación con los planes médicos. Su planteamiento merece atención. Para identificar dónde se producen las demoras y quién debe corregirlas, debemos distinguir entre el proceso para obtener la licencia profesional, la certificación de una especialidad o subespecialidad y los procesos de contratación con los planes médicos. Cada gestión tiene requisitos y responsables distintos. «Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa», como dijo un exsecretario de Justicia.

El proceso comienza con una revisión administrativa de la solicitud para confirmar que esté completa, que incluya todos los documentos requeridos y que estos estén vigentes. Una vez que se verifica esa integridad documental, se procede a validar la información con las universidades y los programas de educación médica identificados por el solicitante, así como con las demás entidades pertinentes.

Esa segunda etapa permite corroborar el origen y el contenido de las certificaciones y la preparación que se acredita. El Reglamento General contempla ese cotejo mediante fuentes primarias o servicios de verificación aprobados. Concluida la validación, el expediente pasa a la consideración de los médicos miembros de la Junta para la determinación correspondiente y su posterior notificación.

La rigurosidad tiene una razón de ser. En 2007, cuando el Dr. Carlos Díaz Vélez (actual presidente del Colegio de Médicos) era miembro del entonces Tribunal Examinador de Médicos, una investigación del FBI y del Departamento de Justicia federal sobre hechos vinculados a ese organismo desembocó en acusaciones relacionadas con fraude. Esa experiencia institucional refuerza la importancia de mantener controles uniformes de verificación. Aplicarlos protege a los pacientes y el valor de las credenciales de quienes cumplen con su formación. También nos obliga a hacer ese trabajo con diligencia.

Veamos la bitácora de nuestra colega. La solicitud de licencia permanente se recibió el 20 de abril de 2023 y la licencia se expidió el 2 de mayo: doce días naturales después. Más adelante, la solicitud de certificación de especialidad en Pediatría se recibió el 12 de marzo de 2026 y el certificado se expidió el 16 de marzo, cuatro días después. La entrega a una persona autorizada quedó registrada el 25 de marzo.

La secuencia de la subespecialidad en Gastroenterología Pediátrica requiere especial atención. La solicitud se recibió el 30 de junio de 2026. La bitácora consigna la culminación del fellowship en Texas Children’s Hospital el 7 de julio y la recepción, el 13 de julio, de la carta certificada de esa institución que confirmaba su culminación. La certificación de subespecialidad se expidió el 16 de julio y fue entregada a la doctora el 20 de julio.

Ojo al dato: transcurrieron tres días naturales entre la recepción de la carta institucional y la expedición de la certificación de la especialidades. Desde la solicitud hasta la expedición fueron dieciséis días, y hasta la entrega, veinte. Esas fechas describen etapas diferentes y deben presentarse juntas para explicar el trámite completo. La recepción de una solicitud y la llegada de la evidencia que confirma la culminación del entrenamiento son momentos distintos.

Esta cronología permite precisar la actuación de la Junta. Las dificultades que la doctora relata sobre contratos con aseguradoras, facturación y pagos requieren examinar los procesos de las entidades correspondientes. La expedición de una certificación por la Junta constituye una etapa; la incorporación del médico a una red de proveedores y las condiciones de su contratación tienen su propio recorrido. La experiencia del profesional depende de que todas esas etapas funcionen adecuadamente.

La comisionada de Seguros, Lcda. Suzette del Valle, ha dicho públicamente que ya había comenzado una investigación. Las aseguradoras tienen programada para esta semana una comparecencia ante dicho foro regulatorio.

Gracias a la iniciativa de esta administración, contamos además con una plataforma Salud Digital renovada y con más servicios para facilitar estos procesos. El Departamento de Salud anunció el 20 de octubre la incorporación de más de diecisiete trámites de la Junta, entre ellos las certificaciones de *especialidad y subespecialidad. *. La ampliación permite completar en línea gestiones que antes requerían atención presencial y consultar requisitos y costos desde un mismo portal. Facilitar el trámite y conservar la validación documental son objetivos que deben avanzar juntos.

La tecnología debe facilitar el cumplimiento y la comunicación con el solicitante. Cada médico necesita saber qué documento falta, qué validación está pendiente y cuándo se emitió una determinación. La responsabilidad de la Junta incluye orientar, mantener un registro claro y atender oportunamente los asuntos que le corresponden. Esa misma claridad es necesaria en la relación de los profesionales con hospitales y aseguradoras.

Doctora Báez Bravo, cuente con todo mi apoyo. Reconozco y valoro su decisión de regresar y aportar su preparación al cuidado de nuestros niños. Su experiencia abre una conversación que debe producir soluciones concretas. Facilitar el regreso de los médicos exige que cada institución responda por su parte, de modo que la preparación profesional pueda traducirse, a tiempo, en atención para los pacientes.