La Policía podría suspenderlas provisionalmente por hasta 90 días mientras se completa una evaluación pericial. Las hospitalizaciones voluntarias no activarían automáticamente el proceso, salvo que durante la atención clínica se determine un riesgo inminente.

Una propuesta legislativa permitiría a la Policía de Puerto Rico suspender provisionalmente, por un máximo de 90 días, las licencias de tenencia o portación de armas de personas hospitalizadas involuntariamente en una institución psiquiátrica, mientras se evalúa si continúan siendo aptas para poseer o portar esos equipos.

La pieza legislativa del representante Christian Muriel Sánchez es rechazada por la Corporación para la Defensa del Portador de Licencia de Armas (CODEPOLA) y por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

El Proyecto de la Cámara 830 ha sido incluido, sin enmiendas, en el Calendario de Órdenes Especiales del Senado. Durante la suspensión, dice la medida, las armas del titular tendrían que ser entregadas a la Policía para su custodia. El texto establece que esa intervención no constituiría una sanción penal ni afectaría el historial del titular de la licencia.

La medida, titulada “Ley para la Evaluación de Portación de Armas en Casos de Internación Psiquiátrica Involuntaria”, propone un proceso de revisión clínica y administrativa para titulares de licencias vigentes que enfrenten una hospitalización involuntaria.

Estarían sujetos a revisión quienes hayan sido internados por orden judicial o certificación médica doble, según la determinación de riesgo actual de profesionales calificados. Las hospitalizaciones voluntarias no activarían automáticamente el proceso, salvo que durante la atención clínica se determine un riesgo inminente.

El tribunal que emita una orden de internación involuntaria tramitaría la notificación a la Policía. La agencia recibiría únicamente la información necesaria para evaluar la idoneidad del titular, con protección de la confidencialidad del paciente.

La Policía, en coordinación con el Departamento de Salud y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), ordenaría una evaluación a cargo de profesionales licenciados en salud mental registrados como peritos evaluadores. Estos utilizarían protocolos clínicos estandarizados y criterios objetivos de riesgo.

La Policía podría restituir la licencia si no se evidencia riesgo, suspenderla temporalmente con reevaluación anual o cancelarla permanentemente si se concluye que el titular representa un riesgo sustancial para si mismo o para terceros. La propuesta también dispone protocolos de reevaluación periódica sustentados en evidencia profesional.

La persona afectada podría apelar la determinación final ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de un término de 30 días.

La exposición de motivos plantea que la iniciativa busca reducir el acceso inmediato a medios letales en situaciones de riesgo, mediante una intervención preventiva de salud pública y no una sanción penal.

Según la propuesta, el procedimiento complementaría el artículo 2.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 168-2019, para atender eventos de salud mental.

Postura de CODEPOLA

Señalaron que la medida incide sobre un «balance de intereses apremiante» entre la seguridad pública y los derechos individuales y denuncian que choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

«Señalaron que la medida pretende someter a revisión a todas las personas con licencia de armas que hayan sido hospitalizadas involuntariamente en los últimos cinco años, lo cual consideran innecesario y redundante , pues tanto la ley federal como la Ley de Armas de Puerto Rico ya regulan la idoneidad para la portación de armas, y la Ley de Salud Mental (Ley 408-2000) establece procedimientos judiciales claros para la institucionalización involuntaria», lee el informe positivo firmado por el senador Gregorio Matías.

CODEPOLA señaló que el proyecto podría vulnerar derecho fundamentales de las personas con condiciones de salud mental, especialmente la confidencialidad y el derecho a no ser identificado como paciente.

«Destacaron que el proyecto podría generar un efecto de «carpeteo» o vigilancia rutinaria indebida,
considerada inconstitucional, y concluyeron que la iniciativa no aporta beneficios claros en seguridad pública», lee el informe.

ASSMCA señaló preocupaciones porque el proyecto obliga a los hospitales notificar a la Policía sobre la hospitalización involuntaria de una persona con licencia de armas cuando estas instituciones no tienen mecanismos para conocer eso.

«Considera que eI tribunal que emite la orden de ingreso involuntario sería la entidad más adecuada para canalizar dicha notificaci6n», lee el informe.

Igualmente ASSMCA plantea preocupaciones sobre confidencialidad de pacientes