José Javier González Cruz tuvo acceso a la plataforma electrónica donde se manejan los casos y modificó datos de su propio caso.

Un empleado del Departamento de la Vivienda en la Región de Arecibo enfrenta una querella ética por intervenir en un caso de regularización de título de propiedad por una suya en Adjuntas.

José Javier González Cruz tenía acceso a la plataforma electrónica Canopy para ver casos en las regiones de Arecibo y Ponce, esta última entre los años 2020 y 2021.

Empleados como él tienen la responsabilidad de manejar solicitudes y la evaluación y la evaluación de requisitos de elegibilidad de los participantes del programa.

En febrero de 2020, según la Oficina de Ética Gubernamental, González Cruz presentó su propia solicitud ante Vivienda para atender una situación en una propiedad que tiene en Adjuntas. En mayo de 2022, el querellado presentó un documento de inhibición ante el entonces secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, indicando que no atendería asuntos relacionados a su solicitud.

Sin embargo, según la OIEG, el querellado accedió a su caso utilizando la plataforma Canopy en varias ocasiones e hizo modificaciones, como asignarse el caso como “manejador”.

El 10 de febrero de 2020 contestó que “no” a dos preguntas: si se le ha denegado ayuda federal previamente y si era el dueño del terreno. En marzo de 2021 entró información adicional como un comprobante de retención, un mapa de inundaciones y otra documentación.

En marzo de 2025 entró información nueva como que no se conocía el estado de los padres de González Cruz, dueños de la propiedad.

Según la OEG, su conducta significó violaciones a las Guías del Programa CDBG-DR (conflicto de interés) y también violó la Ley de Ética que dispone que un servidor público no podrá utilizar los deberes y facultades de su cargo para beneficiarse.

La querella solicita una multa y el querellado tiene 20 días para contestar a partir del 1 de octubre.