«El manejo de la red y la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por parte de operadores privados es un requisito de la Ley 120-2018 y el plan fiscal de la AEE», dijeron.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó una declaración pública sosteniendo que el sistema eléctrico tiene que permanecer en manos privadas.

La expresión surge luego de que la jueza Laura Taylor Swain determinara que el proceso que impulsa el gobierno para cancelar el contrato de LUMA Energy tiene que dilucidarse en la corte local.

“La continuación del servicio eléctrico es crítico para la gente y los negocios en Puerto Rico y cualquier disputa entre el gobierno y el operador privado no puede afectar el mantenimiento y la modernización del sistema energético”, indicó.

“El manejo de la red y la generación de energía de la AEE por operadores privados es un requisito de la Ley 120-2018 de Puerto Rico y del Plan Fiscal de la AEE. Cada administración del Gobierno de Puerto Rico ha reconocido como crítica la importancia de la participación de expertos del sector privado. Cualquier cambio de operadores debe seguir un proceso transparente y competitivo”.