Y su eventual derogación. Recaudó $141.6 millones en el año fiscal 2023. La Junta sostiene que los recaudos, producto de las dos ‘cruditas’ representan una parte significativa del presupuesto.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés, y el resto de la delegación del Partido Nuevo Progresista estarán buscando una reunión con miembros de la Junta de Supervisión y Administración Financiera con el objetivo de solicitar una suspensión temporera de la primera ‘crudita’,  el arbitrio a la gasolina y al diesel establecido en el Código de Rentas Internas, así como su eventual derogación.

Está ‘crudita’, impuesta por la administración de Alejandro García Padilla, a través de la Ley 31-2013, representa un impuesto de $9.25 por barril o fracción de barril de petróleo, de productos parcialmente terminados derivados del petróleo y de cualquier otra mezcla de hidrocarburos, denunciaron los penepés en un comunicado de prensa.

Puede ver el informe de la OPAL aquí:

En total, el erario recaudó $141.6 millones en el año fiscal 2023 de ese arbitrio en particular.

“No puede ser en un vacío (la derogación del impuesto) o con parámetros poco responsables que coloquen la solvencia del Gobierno de Puerto Rico en riesgo, por eso vamos a reunirnos con miembros de la Junta de Supervisión para determinar los mecanismos que logren suspender este arbitrio por un tiempo específico y, a la misma ves, identificar las herramientas para derogar esa ley”, sostuvo el Presidente Cameral en declaraciones escritas.

De acuerdo al Departamento de Asuntos del Consumidor, el precio de la gasolina al día de hoy se sitúa en $1.18 el litro de regular.

Un estudio de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa reflejó que, para el año fiscal 2022-2023 los recaudos mediante la Ley Número 31-2013 totalizaron los $141.6 millones. Esto representa el 23.8% del total de recaudos por los productos del petróleo. La eliminación completa de arbitrios sobre el petróleo dejaría un hueco en el presupuesto de $507.7 millones anuales.

El 1 de noviembre de 2023, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico suscribió una comunicación escrita en donde detalla que los recaudos, productos de ambas ‘cruditas’ (Ley 31-2013 y Ley 1-2015) representan una parte significativa del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para sustentar el costo de los servicios esenciales al Pueblo.

Igualmente recalcaron que los Artículos 512 y 513 de la Ley Número 53-2021, según enmendada y mejor conocida como ‘Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico’,  derogan los antes mencionados artículos destinando los recaudos de esos arbitrios al Fondo General. La eliminación del arbitrio contenido en la Ley Número 31-2013 brindaría un ahorro real de seis centavos por cada litro de gasolina y/o diesel en la bomba. Esto representaría una baja de $120.6 millones anuales en ingresos al Fondo General.