Al imputado se le imputa sostener relaciones sexuales con la perjudicada mediante amenazas e intimidación.

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Carolina, presentó cargos en la mañana de hoy contra el agente José R. Delgado Ubiles por los delitos de agresión sexual, amenaza y extorsión, contra una mujer de 21 años, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Delgado Ubiles tiene 45 años y está asignado al cuartel de Canóvanas. Esta tarde el superintendente de la Policía, Joseph González dijo que está trabajando con el informe que recomendaría la expulsión del imputado.

Dada la magnitud de los cargos presentados, esta suspensión sumaria conlleva la separación de empleo y sueldo, conforme a los reglamentos y políticas vigentes de la Uniformada.

«En la Policía de Puerto Rico existe cero tolerancia hacia cualquier conducta que traicione la confianza del pueblo o que sea incompatible con el deber de proteger y servir. Este tipo de comportamiento no representa los valores ni el compromiso de la gran mayoría de nuestros hombres y mujeres, quienes diariamente realizan su labor con integridad, responsabilidad y vocación de servicio. Estos casos son la excepción, no la norma, y serán atendidos con toda la seriedad y firmeza que corresponde», dijo.

La fiscal Raiza Oliver Rodríguez presentó un total de ocho cargos ante la jueza Geisa M. Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa en su contra, fijando una fianza de $70,000. El hombre prestó la fianza y quedó en libertad bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 28 de abril.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Elizabeth Rodríguez, y del Ministerio Público, los hechos imputados ocurrieron desde el 12 de septiembre de 2025 hasta el 18 de febrero de 2026 en diferentes partes de la jurisdicción de Carolina, entre ellos la zona de Piñones en Loíza. Para estas fechas, el imputado mediante amenazas e intimidación, sostuvo relaciones sexuales con la perjudicada en dos ocasiones.

Las amenazas consistieron en advertencias del hombre de que se procedería a radicar cargos criminales en contra de la víctima y de miembros de su familia, lo cual coartó su voluntad y consentimiento, en un patrón de coacción que se mantuvo desde septiembre 2025 hasta febrero 2026.