Por instrucción de la gobernadora. La determinación tiene el propósito de revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables, así como coordinar con los municipios la identificación de alternativas.

La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón ordenó el viernes al Departamento de Transportación y Obras Públicas dejar sin efecto las cartas emitidas recientemente a comerciantes ambulantes en la carretera PR-129, entre Arecibo y Lares, y en la carretera PR-100 en Cabo Rojo.

Según el comunicado de prensa de la agencia, la determinación tiene el propósito de revisar los reglamentos, las bases legales y los procedimientos aplicables al uso del derecho de vía estatal, así como coordinar con los municipios correspondientes la identificación de alternativas viables que permitan atender este asunto de manera ordenada, segura y conforme a la ley.

Las comunicaciones habían sido emitidas como parte de procesos relacionados con proyectos de infraestructura en ambas vías. En la PR-129 se contemplan trabajos de repavimentación, mientras que en la PR-100 se ejecuta un proyecto de ensanche dirigido a mejorar la seguridad vial y el flujo vehicular.

El DTOP reiteró que tiene la responsabilidad de proteger la seguridad en las carreteras estatales y velar por el uso adecuado del derecho de vía. Los paseos y márgenes de las carreteras cumplen funciones importantes para la seguridad vial, incluyendo visibilidad, acceso, respuesta a emergencias y espacio operacional para obras y mantenimiento. La agencia aclaró que dejar sin efecto las cartas no constituye una autorización para ocupar el derecho de vía estatal ni limita la responsabilidad del Departamento de proteger la seguridad vial. La medida permite realizar una evaluación adicional, coordinar con los municipios y atender cada situación de manera responsable.

El DTOP también informó que la situación relacionada con el señor Pedro “Pello” Santiago, en la carretera PR-7722, responde a circunstancias distintas a las comunicaciones emitidas en la PR-129 y la PR-100. Ese asunto continuará siendo evaluado conforme a la reglamentación aplicable y tomando en consideración aspectos de seguridad vial, acceso y uso adecuado de las áreas bajo jurisdicción estatal.

El DTOP señaló que reconoce la realidad económica de muchas familias que dependen de estos negocios y la importancia de atender el asunto con sensibilidad, coordinación intergubernamental y respeto al debido proceso de ley.

«El objetivo es buscar un balance responsable entre la seguridad vial, el cumplimiento con las normas aplicables, la ejecución de obras públicas necesarias y el respeto a quienes trabajan todos los días para sostener a sus familias», lee el comunicado.