Aunque todavía no se utilizan en la Isla, las aplicaciones que permiten alquilar vehículos sin contacto físico han generado dudas en términos de seguridad, trazabilidad y responsabilidad.

Ante la expansión global de aplicaciones digitales que permiten el alquiler de vehículos entre particulares, la Cámara de Representantes de Puerto Rico ha decidido evaluar su posible impacto en la Isla.

La Resolución de la Cámara 112, presentada por el representante José Aponte Hernández, ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura investigar el funcionamiento, las regulaciones aplicables y la operación de estas plataformas tecnológicas, conocidas popularmente como el “Airbnb de los autos”.

Estas aplicaciones permiten que ciudadanos particulares ofrezcan sus vehículos en alquiler mediante una plataforma digital, sin necesidad de contacto físico con el arrendatario. En lugar de acudir a una oficina tradicional de alquiler de autos, los usuarios localizan el vehículo, recogen la llave en un lugar predeterminado y lo devuelven en otro punto, lo que plantea interrogantes en cuanto a trazabilidad, seguridad y responsabilidad civil.

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La resolución parte de la preocupación por incidentes recientes en Estados Unidos donde vehículos alquilados por este medio fueron utilizados en actos violentos o involucrados en accidentes trágicos. En ese contexto, la medida legislativa busca determinar qué leyes locales aplican a este modelo de negocio, qué requisitos de seguro deben cumplir los anfitriones y las plataformas, y cómo se maneja la responsabilidad en caso de daños a la propiedad o lesiones a terceros.

Durante la vista pública celebrada por la Comisión, el director del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), Humberto Núñez Matos, expresó el respaldo de la agencia a la iniciativa legislativa.

Núñez informó que, en septiembre de 2024, la empresa Turo, Inc., una de las principales plataformas de este tipo en Estados Unidos, presentó una solicitud ante el NTSP para operar como Servicio No Reglamentado en Puerto Rico.

Según la ponencia del NTSP, el 1 de abril de 2025 se concedió dicha solicitud y se eximió a la empresa, por un año, del requisito de establecer un local físico en la Isla. Esta dispensa temporal permitirá al NTSP analizar si resulta justificado exigir esa obligación en el futuro.

Aunque Turo aún no ha comenzado operaciones en Puerto Rico, su entrada ha encendido el debate sobre la necesidad de establecer un marco normativo específico para estas nuevas formas de movilidad.

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El NTSP destacó que la legislación vigente, incluyendo la Ley Núm. 109 de 1962 y el Código de Reglamentos aplicable, ya le provee mecanismos legales para autorizar y fiscalizar modelos de negocio innovadores. Sin embargo, recalcó que la colaboración entre el ente regulador y la Asamblea Legislativa será clave para garantizar que estos servicios digitales se integren al mercado sin poner en riesgo la seguridad pública ni el interés ciudadano.