En diciembre de 2024, el entonces director ejecutivo de CTPR autorizó un alterno estimado en $497,691,636.

Los proponentes de un proyecto turístico denominado Cabo Rojo Resort and Spa solicitaron en el 2019 unos beneficios contributivos a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) bajo la Ley 74 de 2010. Carla Campos, entonces directora ejecutiva de CTPR, emitió una Concesión Maestra solicitada por Cabo Rojo Land Acquisition, LLC.

Esa decisión permitió que las concesiones y beneficios otorgados bajo leyes anteriores sean mantenidos o enmendados según las respectivas disposiciones. El costo original del proyecto fue estimado en $645,283,450 y se autorizó un crédito por inversión turística de $193,885,035.

Sin embargo, el proponente solicitó enmendar y reformular la concesión. En diciembre de 2024, Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de CTPR, emitió la primera enmienda y la reformulación de la Concesión Maestra. Fue cuando el nombre del proyecto cambió a Esencia y modificó la descripción de la actividad turística. Los costos del proyecto aumentaron a $1,244,229,092 y Mercado autorizó un crédito alterno estimado en $497,691,636.

La propuesta para Esencia contempla 1,132 residencia turísticas unifamiliares y multifamiliares, cinco hoteles con 530 habitaciones, dos centros urbanos con facilidades comerciales y de entretenimiento, dos campos de golf, una escuela, facilidades médicas y religiosas, áreas recreativas y un componente agrícola.

Durante una vista pública ente la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, cuestionó la manera como se concedió el decreto contributivo.

“Da la impresión que el decreto se aprobó de atrás hacia adelante. Dieron por cierto que tanto como OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos) dio por cierto cosas que ustedes (CTPR) advirtieron que inversión en turismo $1,200 millones sin decir cuándo es en residencias”, sostuvo González Acosta.

En la autorización del crédito alterno se estableció un requisito agregado de 950 empleados una vez se completen las seis fases.

“En el proceso recomendaron que, al menos en la primera fase, construyan dos hoteles porque han reconocido que el proyecto es primordialmente residencial. Aún ustedes advirtiendo a OGPe que esto es un proyecto mayormente residencial, así aprobaron la consulta de ubicación y el decreto sigue vigente. Hay cosas que no podrán ser fiscalizadas ni retrotraerse si las hacen mal como, por ejemplo, le exención completa del IVU (Impuesto sobre las Ventas y Uso). ¿Cómo sabemos si esta varilla es para una casa y esta es para un casino?”, cuestionó González Acosta.

El portavoz alterno del PIP en el Senado advirtió que el gobierno dejaría de recibir $500 millones.

Raúl Márquez, en representación de la CTPR intentó aclarar el proceso que se llevó a cabo para conceder la abultada cifra de créditos contributivos.

“No significa que se reconoce el derecho a reconocer el crédito. Lo que hace la Compañía de Turismo es una proyección de que si ese proponente cumple con las condiciones de la Ley, los reglamentos y el decreto, podría tener acceso al final del camino este crédito contributivo. Eventualmente, se tiene que hacer la inversión, en esta ocasión dividida en seis fases, tendría que culminarlas, demostrar el cumplimiento y presentar un informe auditado y, eventualmente, se aprueban los créditos contributivos”, dijo Márquez durante la vista en el Senado.