Esta vez se trata de $254,881 por la adquisición de una plataforma para ofrecer educación a distancia que no se implementó.

En lo que ya se ha convertido un patrón, la Contraloría de Puerto Rico publicó hoy el resultado de una investigación sobre alegadas irregularidades con la adquisición del licenciamiento e implementación de una plataforma para el desarrollo de un programa de educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina.

La investigación reveló que la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Carolina pagó $254,881 por la adquisición de una plataforma para ofrecer educación a distancia que no se implementó. Conforme al contrato formalizado el 20 de diciembre de 2019, la plataforma hubiese permitido la creación de aulas virtuales, acceso al portal institucional y la participación desde múltiples dispositivos electrónicos.

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Sin embargo, la plataforma no se estaba utilizando, no se encontró evidencia del plan de trabajo para su implementación, y no se realizó un estudio de necesidad y viabilidad. Esta situación se atribuye a los cambios de personal en las oficinas del Decanato de Asuntos Académicos y del Rector en la UPR en Carolina que afectaron los servicios, las fechas y el desarrollo de este proyecto.

Al respecto, el 9 de diciembre de 2022, el rector de la UPR en Carolina, notificó al contratista la terminación del contrato.

En conclusión, la UPR en Carolina invirtió recursos en un proyecto que no tuvo utilidad ni redundó en beneficio de la universidad, ni del interés público.

El Informe recomienda al rector de Carolina, entre otras, que para inversiones futuras se planifique adecuadamente la contratación según establece la Política ATI-013 de la Carta Circular 140-16, Normas Generales sobre la Implantación de Sistemas, Compra de Equipos y Uso de la Tecnología de Información para los Organismos Gubernamentales, del 2016.