La senadora del PIP María de Lourdes Santiago denunció que el proyecto ofrece menos garantías que el protocolo actual de Educación, al hacer opcionales la consulta legal y el acompañamiento de los estudiantes.

La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, denunció que el proyecto de ley P. del S. 1062, aprobado en el Senado, podría debilitar las protecciones para estudiantes con estatus migratorio no definido.

La medida se presentó originalmente con el propósito de proteger a todos los estudiantes inmigrantes contra el discrimen; sin embargo, se le añadieron enmiendas que, según la senadora, abren la puerta a intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Persisten en el proyecto otras cosas que son muy malas”, afirmó Santiago, quien explicó que la medida ofrece menos protecciones que el protocolo vigente del Departamento de Educación (DE).

Según la senadora, uno de los cambios que reduce las protecciones es que la consulta con el Departamento de Justicia y con la división legal del DE se vuelve opcional.

El proyecto dispone que “el Departamento podrá consultar al Departamento de Justicia de Puerto Rico para recibir asesoramiento sobre los derechos y las obligaciones de la institución escolar”.

Otra parte del proyecto que la senadora denunció es que las consultas a Justicia ya no constituyen un requisito de autorización previa para que ICE realice sus intervenciones. El P. del S. 1062 establece, además, que las consultas no podrán usarse para impedir, retrasar u obstaculizar una intervención autorizada por orden judicial.

“Por definición, si hay que llamar a alguien o hacer una consulta, claro que eso va a retrasar la intervención. Esa es la única manera de garantizar que se da una protección a esas niñas y esos niños”, explicó la senadora.

Además, el acompañamiento de los estudiantes, que es obligatorio en el protocolo, se vuelve opcional. Según el proyecto, si un agente interroga o interviene con un estudiante por su estatus migratorio, la escuela procurará que esté acompañado por su padre, madre o tutor y que pueda recibir orientación o ayuda legal, siempre que sea compatible con la Constitución y las leyes.

En cambio, el protocolo actual del DE establece que solo una orden judicial puede permitir que un agente de ICE entre a una escuela para intervenir con empleados o estudiantes. El protocolo también dispone que, si ICE visita una escuela, la directora tiene la obligación de comunicarse con la oficina regional y con la división legal del DE, y obtener la autorización de ambas antes de darle acceso al agente.

Eliminan la orden administrativa tras debate

Según explicó Santiago, el proyecto pasó por la Comisión de Gobierno del Senado, que no celebró vistas públicas, y allí se le añadió una enmienda que permitía a ICE entrar a las escuelas con órdenes administrativas, es decir, emitidas por la propia agencia y no por un juez.

La senadora recordó que fue mediante una citación administrativa (subpoena) que ICE le solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) las licencias de más de 6,000 migrantes, y el DTOP entregó la información.

Con esa enmienda, explicó, “si entra con orden judicial, con orden administrativa o cualquier otro documento que utilice para fundamentar su presencia allí, se le tiene que dejar entrar”.

Tras un debate en el hemiciclo, los senadores lograron eliminar esa disposición, por lo que el texto aprobado exige una orden judicial. El proyecto establece que la presentación de una orden administrativa, por sí sola, no autoriza al personal escolar a permitir el acceso a áreas no públicas de la escuela.

ACLU advirtió sobre las enmiendas

Antes de la votación, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico alertó en un comunicado que las enmiendas comprometían el derecho constitucional a la educación pública, la protección contra registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la intimidad y las garantías de seguridad y protección de la niñez.

“Las enmiendas en los artículos 3, 6, 7 y 8 del proyecto equiparan indebidamente las órdenes administrativas con las judiciales, eliminan salvaguardas esenciales para la divulgación de información confidencial y establecen restricciones que podrían impedir al personal escolar ejercer adecuadamente su responsabilidad de proteger los derechos de sus estudiantes”, sostuvo la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

La organización también cuestionó que se eliminara el requisito de asesoría legal antes de divulgar información y datos de los estudiantes.

“La ausencia de una evaluación jurídica previa aumenta el riesgo de divulgaciones contrarias al derecho a la intimidad y a las normas aplicables de protección de datos personales, con posibles consecuencias para estudiantes y sus familias”, indicó la ACLU.

La medida se aprobó con 20 votos a favor, en su mayoría de senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), y cuatro en contra: los dos senadores independentistas y los senadores independientes Joanne Rodríguez Veve y Eliezer Molina.