El Departamento de Justicia pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque al juez que entendió que no podía entrar a dirimir si un delegado congresional cumple o no con la ley que creó la delegación.

El Departamento de Justicia (DJ) decidió no allanarse a la sentencia del juez superior Anthony Cuevas Ramos, quien concluyó que no tiene capacidad para decidir sobre la petición de destitución de la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez, y acudió al Tribunal de Apelaciones para pedir que se le ordene al juez decidir sobre la destitución.

El 29 de abril pasado, Cuevas Ramos acogió la solicitud que sometió Torres Rodríguez y desestimó la demanda que había sometido el DJ para, amparado en la Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, destituir a la delegada. El juez adujo que era una «cuestión política» que no era susceptible de resolverse en el tribunal.

La petición de Justicia para establecer el poder otorgado en la ley para iniciar procesos de destitución contra delegados congresionales ocurre en momentos en que se está dando el movimiento congresional más significativo sobre el status de Puerto Rico en 30 años y la delegación congresional, que se supone solo existe para empujar en el Congreso la resolución del status de Puerto Rico, está totalmente al margen de los eventos.

Justicia entiende que Torres Rodríguez incumple su obligación de adelantar la resolución del status de la isla, incumple con radicar los informes de progreso que le mandata la ley y ha expresado que está en contra de la propia ley que crea la delegación, por lo cual, añade, el salario que se le paga ha perdido uso público y debe ser destituida. Los delegados tienen salario de $90,000 anuales y acceso a hasta $30,000 en reembolso de gastos.

Si prevalece la sentencia de Cuevas Ramos, dice el escrito sometido al Apelativo el 27 de mayo pasado, «tendríamos unos funcionarios que podrían simple y sencillamente violar la ley sin posibilidad alguna de intervención judicial, convirtiendo así a los delegados congresionales, por fiat judicial, en funcionarios públicos intocables». «En ese sentido, los principios de la doctrina de cuestión política no pueden dar pie a lo irrazonable», añaden.

El escrito admite que es una «controversia novedosa» y adelanta un argumento de cómo es que el tribunal está totalmente facultado por la ley a intervenir y decidir sobre una petición de destitución.

«[B]ajo circunstancia alguna se le está solicitando al Tribunal que realice una evaluación o análisis en cuanto a si las gestiones realizadas por la (delegada), si alguna, son buenas, malas, efectivas o exitosas para cumplir con lo que dispone la ley; mucho menos se le está solicitando que establezca o defina cuáles son los estándares bajo los cuales el Poder Ejecutivo debe evaluar el desempeño de la señora Torres Rodríguez o alguno de los otros delegados. Esa evaluación ya se dio por parte del Secretario de Justicia bajo los criterios que establece, precisamente, la legislación. Así las cosas, lo único que se está solicitando es que, cónsono con la competencia establecida por el legislador, el foro judicial atienda el presente caso, evalúe la evidencia que tenga a bien presentar el Gobierno y justiprecie si la determinación inicial de incumplimiento realizada por el Secretario de Justicia es correcta y cónsona con la legislación aquí concerniente», indica el Gobierno de Puerto Rico en su petición.

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Vea:

Para Justicia sería «absurdo» mantener a Elizabeth Torres como delegada

Delegada Torres pide manos afuera del tribunal en la petición para su destitución